Se trata de la querella iniciada por el político colorado Derlis Darío Arguello Da Silva, quien se había molestado por expresiones de Prieto, quien denunció públicamente un supuesto intento de soborno que el mismo habría orquestado, como supuesta entrega vigilada que debía llevar adelante el Ministerio Público, para enviarlo a prisión y echarlo de la administración municipal.
Da Silva señala que es un empresario y político conocido en Ciudad del Este, ex candidato al Poder Legislativo y a intendente de Ciudad del Este, por lo que las expresiones de Prieto le ocasionaron un enorme perjuicio ante la sociedad. En consecuencia, pide una compensación de G. 3.000 millones.
El abogado Mauro Barreto, defensor de Prieto, recusó al Tribunal Unipersonal, con el argumento de que su pareja, Carlos Quevedo Núñez, fue el beneficiario durante la administración en la gobernación de Justo Zacarías Irún de licitaciones millonarias, por lo que no había garantías.
Prieto señaló que el juicio formaba parte de un plan del Gobierno para desestabilizar su administración. Dijo que bien o mal, su gestión es mil veces mejor que “la porquería que nos gobernaba”.