Instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo de la Magistratura (CM), el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) siguen sumidas en el descrédito, a pesar de los intentos que apuntaban a cambios positivos. Los políticos siguen controlando a estas instituciones, que deberían ser judiciales, pero terminan siendo sometidas a los intereses políticos de turno.
En la máxima instancia judicial se pensó que las cosas cambiarían con el ingreso de nuevos ministros, como Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, quienes fueron elegidos por amplia mayoría en el Senado, pero la Corte mostró de vuelta su sumisión a la clase política cuando, por seis votos a dos, designó a la ex ministra de Justicia, María Lorena Segovia, de extracción liberal (llanista), como nueva defensora general, en el marco del supuesto pacto libero-colorado. Los ministros Gladys Bareiro, Antonio Fretes, César Garay, Miryam Peña, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez le dieron su voto a Segovia.
Por su parte, los ministros Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón votaron por el camarista Pedro Juan Mayor Martínez, quien era el mejor puntuado de la terna.
CONSEJO. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura volvió a demostrar que lo suyo es actuar a espaldas de la ciudadanía, favoreciendo intereses políticos. Sus integrantes, en medio de críticas, elaboraron la terna que cubrirá la vacancia de Raúl Torres Kirmser en la CSJ. Fue un proceso cuestionado porque durante las ponderaciones sobre la segunda etapa del proceso, la transmisión en vivo fue interrumpida por declararse sesión reservada.
El director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), José Casañas Levi, uno de los postulantes, presentó una nota dirigida al CM, cuestionando la sesión reservada. La nota señalaba que se violó la Ley 6299/19, que establece que sean públicas las sesiones de la CSJ, del JEM, del CM y del Consejo de Ministros, y que se transmitan en vivo por los medios audiovisuales.
Fue Cristian Kriskovich quien instó a que la sesión sea reservada. Esta situación afectó a la transparencia del proceso, ya que se desconocen los criterios aplicados para puntuar a los candidatos. Es más, cuando un amparo declaró que debían revelarse las actas y materiales audiovisuales sobre la sesión, el CM hizo caso omiso a la resolución judicial y ya conformó la terna que integran Carolina Llanes, Alma Méndez y Linneo Ynsfrán.
JEM. La cosa no está mejor en el JEM, de donde fue alejado el ex senador Óscar González Daher (quien incluso fue expulsado del Senado en el periodo anterior y renunció a la legislatura actual) y se pensó que iba a mejorar la situación, pero el nuevo presidente del organismo, el colorado oficialista Enrique Bacchetta, también es rechazado por haber presionado a la fiscala que investiga al “diputado con permiso” Ulises Quintana, preso e imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Sucede que en febrero pasado, el titular del Jurado calificó de “injusticia” al proceso fiscal contra el diputado de Colorado Añetete. “Fuerza, querido Ulises, el cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro, espero que pronto puedas recuperar tu libertad, deseo que tengas fuerza y fe, para poder enfrentar la injusticia que estás viviendo”, fue el mensaje de Bacchetta.
El tuit despertó la indignación de los diferentes gremios, tanto de jueces, como abogados y fiscales, así como la propia fiscala del caso Lorena Ledesma, ya que consideraron la publicación como una clara muestra de influencia política al interior de la Justicia y un mensaje de amenaza contra las personas que procesen a políticos, nada más y nada menos que de parte del titular del órgano que se encarga de juzgarlos cuando tienen denuncias.
Ante la ola de críticas por haber defendido a Quintana y tildado de injusto al proceso en su contra en la Fiscalía, siendo él, titular del órgano que debe juzgar a jueces y fiscales, Bacchetta trató de disimular, y dijo que no habrá injerencias y que los fiscales pueden estar “tranquilos”. Sin embargo, sus palabras no convencieron y cada martes, día de sesiones del Jurado, un grupo de manifestantes pide que renuncie al JEM.
FISCALÍA. Finalmente, la Fiscalía tampoco termina de mostrar su valentía e independencia. Cuando el ex fiscal Javier Díaz Verón cayó preso e imputado por enriquecimiento ilícito se pensó que la próxima encargada de la Fiscalía, Sandra Quiñónez, pondría todo su empeño para mejorar la imagen de la institución, pero hasta ahora no termina de hacerlo.
Por ejemplo, aunque existen múltiples denuncias contra varios políticos, y contra el mismo titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, las imputaciones no aparecen, demoran o sencillamente las investigaciones duermen en alguna dependencia fiscal. Tal situación también benefició al clan Zacarías, porque a pesar de lustros de denuncias, las imputaciones apenas aparecieron este año.
