La historia del Paraguay muestra que los políticos, cuando querían el apoyo de las armas a sus ambiciones, acudían a los cuarteles. La unión de esas dos fuerzas trajo días de zozobras, sangre, intolerancia y manipulaciones, cuyas consecuencias siguen gravitando en la vida de la República.
Constitucionalmente, en democracia, los militares están subordinados al poder civil a través de mecanismos expresamente establecidos. De ese modo se invirtió el orden que las Fuerzas Armadas -mediante la dictadura de 35 años del general Alfredo Stroessner- habían impuesto, sojuzgando al poder civil, que solo fue títere en manos de los que se habían erigido en verdaderos dueños de la nación.
Las actuales relaciones entre los políticos y los militares se canalizan a través de vías institucionales claramente estipuladas en las leyes. Cada uno de los estamentos tiene un rol y ninguno de los dos puede transponer sus límites, avasallando al otro. A los políticos les compete gobernar y a los militares -según el Artículo 173 de la Carta Magna de 1992-, “custodiar la integridad territorial” y “defender a las autoridades legítimamente constituidas”.
Últimamente apareció en el escenario de la vida pública un caso que mueve a la reflexión y que vuelve a poner en el tapete el tema de los vínculos extrainstitucionales entre políticos y militares. El general Ramón Brozzón, quien se desempeñaba como comandante de la Academia Militar (Academil), desobedeciendo órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos y las normas legales vigentes, tomó por su cuenta contacto con las recientes autoridades electas. Su comportamiento dejó como saldo la destitución de su cargo por parte del comandante en Jefe de las FFAA, Nicanor Duarte Frutos.
El caso, una vez más, trae a la consideración de la opinión pública el crucial tema de la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Los militares, al formar parte de una institución “profesional, no deliberante, obediente” y “subordinada a los poderes del Estado”, no tienen autorización para hacer planteamientos ni negociar nada fuera del ámbito castrense, a través de las instancias jerárquicas de las cadenas de mando. Quien transgrede esta norma debe quedar fuera de sus filas sin más trámites. La impunidad es aliento para futuros transgresores.
El futuro ministro de Defensa, general retirado Luis Bareiro Spaini, habla de la necesidad de que la ética también esté vigente en las FFAA. Poner en vigencia ese principio será cerrar las puertas a los conspiradores civiles que pretendan recurrir al poderío de los cuarteles y a los uniformados que recurren a los políticos para obtener respaldo. Solo así funcionarán como institución.