Editorial

Inseguridad en San Pedro exige políticas económicas y sociales

El gobernador de San Pedro señaló que el departamento necesita reactivar su economía para enfrentar el flagelo de los grupos delictivos que azotan la zona. Es un detalle positivo saber que existen autoridades que proponen acciones para su región, que vayan más allá de las políticas puramente represivas o de seguridad, que además no han podido demostrar hasta ahora que resulten ser eficaces en sus objetivos. El Estado debe implementar políticas económicas para generar empleos y proveer servicios públicos de calidad en la zona, con el propósito de obstaculizar el rol que ejercen estos grupos criminales, debido a la vulnerabilidad y la precariedad con que viven los pobladores de la zona.

El importante poder que ejercen el narcotráfico y otros grupos delictivos se relaciona de manera directa con el vacío del Estado. Ante la inexistencia de fuentes de trabajo y de oferta pública de servicios claves para la calidad de vida, como la salud, la educación y la protección social, los pobladores de la región terminan dependiendo de la ayuda que los líderes les provean.

La población entra así en un círculo perverso de favores, del que derivan posteriormente la dependencia y el miedo.

La confluencia en el territorio de las urgentes necesidades sociales, el vacío ante la ausencia estatal y la existencia de los grupos delictivos se convierten en una bomba de tiempo y en un estado de permanente y sistemático debilitamiento de la de por sí escasa institucionalidad.

La autoridad pública pierde poder a medida que los vínculos anteriores se consolidan. Así, la relación entre el sector público y la ciudadanía mediada por normas y construida bajo el principio de un compromiso mutuo entre ambos protagonistas se rompe y con ello, uno de los pilares del Gobierno republicano.

San Pedro, a pesar de su riqueza en recursos humanos y recursos naturales, sigue siendo uno de los departamentos de mayor pobreza y desigualdad. Su nivel de pobreza actual es la que tenía Paraguay diez años atrás, mientras que la desigualdad en los ingresos es mayor. Estos indicadores muestran la gravedad del problema que enfrenta el departamento y explican una parte importante de la inseguridad.

El establecimiento de estos grupos encuentra en territorios abandonados por el Estado el mejor escenario para afianzarse.

Sus líderes se aprovechan de los vacíos institucionales para imponer sus propias normas, crear miedo y desconfianza e instalar vínculos de dependencia, todo ello con el objetivo de debilitar al máximo el rol del Estado y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Si a esta situación se agrega la existencia de fuerzas del orden sin resultados y con miembros con conductas arbitrarias y sospechosas, que en lugar de generar confianza ciudadana son objeto de críticas y rechazo, el escenario es sumamente adverso para el combate a la delincuencia.

La política de seguridad implementada en la zona ya demostró ser ineficaz, por lo que las declaraciones del gobernador resultan auspiciosas. De hecho, no es ningún secreto que en estos contextos siempre es más efectiva la política económica y social que cualquier otra.

Ojalá por fin las autoridades centrales se den cuenta del problema y apoyen con todos los medios disponibles al Gobierno departamental. La mayoría de los ministerios cuentan con programas y recursos que si son bien implementados tendrán un impacto sustancial en las personas y, con ello, en las condiciones de seguridad en el territorio.

Las políticas de reactivación económica deben estar acompañadas de servicios sociales de calidad y de una gestión judicial que garantice el cumplimiento irrestricto de las normas vigentes.

La implementación de estas tres estrategias tiene el potencial de cambiar drásticamente las condiciones de vida del segundo departamento.

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