La implementación de medidas interinstitucionales que involucren al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a la Fiscalía del Ambiente y a la Policía Nacional, bajo la admisión de que la Comuna capitalina no podrá por sí sola combatir el ingreso de basura a los bañados que reduce a vertederos los cauces hídricos, es anunciada por David Cardozo, director general de Gestión Ambiental de la institución municipal.
El funcionario indica que a modo de prueba establecieron un puesto de control permanente sobre la calle San Estanislao, que es la entrada al Banco San Miguel, pero tal experiencia no funcionó debido a que los mismos pobladores de la zona amenazaron al personal comunal por evitar que entren los desechos que utilizan para reciclar y luego rellenar los humedales con vistas a ganar territorio para sus viviendas.
A pesar de ello, manifiesta que presentaron un informe donde piden establecer ese tipo de casetas de control en los puntos considerados más críticos, donde citó la zona de Laguna Cateura, Banco San Miguel y Yukyty (cerro Lambaré), aunque dice que se deben abarcar todos los bañados y áreas ribereñas existentes en la ciudad, acompañado de soluciones habitacionales para las familias que ocupan esos humedales.
MEDIDAS. En otro momento, Cardozo insiste en que la tarea conjunta entre todas esas instituciones y la Municipalidad de Asunción apuntará a la protección y recuperación de los cursos de agua y al tratamiento adecuado de residuos sólidos y líquidos.
“Hoy estamos viendo la manera de trabajar este problema de contaminación de nuestras aguas desde el plano interinstitucional. Debemos aunar esfuerzos con otras instituciones del Estado para poder enfrentar esta problemática que viene desde hace décadas”, sostiene.
Agrega que “queremos que con estas acciones las sanciones sean mucho más drásticas para los infractores, porque es categórico que el depósito de basura en ríos, arroyos y otros cursos de agua es ilegal. Vamos a trabajar con el Mades y con la Fiscalía del Ambiente todo eso”, asevera.
Asimismo, apunta que a nivel municipal se encargarán de realizar un seguimiento a todas las intervenciones hechas a lo largo de la ribera con respecto a esta problemática y que se envían a los juzgados, de manera que tengan una sanción definitiva. “Actualmente se labra un acta de cada intervención, se hace un relato que se envía al juzgado. Pero como el mismo depende de la Junta Municipal y no de la Intendencia, lo que se determine en materia de sanción o multa ya no nos corresponde”, acota.
Puntualiza que limpiaron nueve arroyos y cauces, que demandaron una inversión de G. 2.100 millones, pero que ello es como un dinero perdido, ya que a las pocas horas quienes habitan los barrancos o pobladores de zonas altas de nuevo arrojan sus desperdicios, razón por la cual también aboga por campañas de concienciación con las familias ribereñas.