El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, revivió inesperadamente un decreto del dictador Alfredo Stroessner, quien determinó que cada 27 febrero se celebre el Día del Funcionario.
Es así que, mediante un decreto del año 1960, más de 300.000 funcionarios del Estado paraguayo solo trabajaron ayer hasta las 12 del mediodía, lo cual creó más de un inconveniente, enojos e indignación en la ciudadanía.
Una de las consecuencias más criticadas fue sin lugar a dudas la interrupción de los servicios del Instituto de Previsión Social, IPS. La decisión de plegarse al asueto dejó a cientos de asegurados y aseguradas sin poder acceder a una atención médica, esto sin mencionar la cantidad de intervenciones que debieron ser suspendidas.
No solamente porque el IPS es sostenido con el sudor de los trabajadores y del sector patronal, sin intervención alguna del Estado, y porque sus servicios en general compiten seriamente por ser el peor de todos, sino porque abiertamente violentaron el artículo 130 de la Ley 1626, de la Función Pública. El artículo mencionado señala muy claramente que la atención sanitaria y hospitalaria se considera servicio público imprescindible para la comunidad, porque su interrupción total o parcial pone en peligro a la vida o la seguridad de la comunidad; por lo tanto estos servicios imprescindibles no pueden ser suspendidos.
Los trabajadores que sostienen el IPS con sus aportes se ven obligados a esperar turnos de tres y cuatro meses para consultar con los especialistas y para realizarse los estudios. Con las cirugías sucede lo mismo, la espera para una intervención se extiende también por meses. Es por eso que haberse adherido al asueto es desde todo punto de vista inmoral.
Consideramos que todos los trabajadores tienen derecho al descanso para disfrutar de sus familias, como tienen derecho a percibir salarios justos y dignos, sin embargo, el caso de los funcionarios públicos raya en el abuso. Y, en este caso particular, la parte explotada es nada más y nada menos que el pueblo paraguayo que sostiene ese gran elefante blanco que es la administración pública.
Ni el asueto se justificaba, ni el aumentazo se justifica, considerando los importantes déficits que carga el Presupuesto de Gastos. Es inadmisible que el PGN destine 73 de cada 100 guaraníes que recauda el Fisco para el pago de salarios de funcionarios. Al final del día, al Estado ya no le quedan recursos para invertir en lo que realmente es necesario y urgente.
Este Gobierno no puede seguir arriesgando y jugar con la paciencia ciudadana.
