Política

Informe no hubiese sido “categórico” si gobiernos respondían

 

El abogado José Casañas Levi, actual director de Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), afirmó que las omisiones a las consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte del Estado pudieron haber incidido en el informe final de este organismo.

Opinó que si los gobiernos tomaban los recaudos, quizá se hubiese evitado llegar a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) o, al menos, las determinaciones hubiesen sido más suaves.

“Tal vez el informe de la Comisión no hubiese sido tan categórico como es en este momento”, estimó.

Casañas Levi explicó que el proceso se dividió en dos etapas, en las que primero la CIDH llevó a cabo las investigaciones.

“En ese transcurso envía información que presentan los denunciados o dudas, y envían para que contesten como si fuera un juicio y les da una oportunidad para que den su descargo antes del informe final, eso es lo que no se contestó”, apuntó.

Según relata en su informe la CIDH, el 13 de julio de 2017 el Estado solicitó una prórroga para pronunciarse sobre documentos que se le pusieron en conocimiento, pero esa fue la última manifestación, que nunca tuvo respuesta, siendo Roberto Moreno el procurador y Eladio Loizaga, canciller.

El Estado recibió el informe de fondo el 12 de setiembre de 2017, dando un plazo de dos meses para responder sobre las recomendaciones de resarcimiento para las supuestas víctimas, Juan Arrom y Anuncio Martí.

En el documento se acusaba al Estado de secuestro y tortura, un hecho ocurrido supuestamente en 2002.

No obstante, el Estado finalmente rechazó las acusaciones y las sugerencias de reparación y la CIDH envió el caso a la Corte CIDH.

El 8 de marzo es la fecha límite para la presentación de los alegatos finales. Arrom y Martí exigen una suma millonaria.

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