Las tierras en cuestión corresponden al lote B-1 de aproximadamente 18 hectáreas, ubicado en la colonia 4 de Mayo, distrito de Zanja Pytá, Departamento de Amambay.
“Efectivamente, la estancia Sofía está ocupando tierras del Estado (...)”, admitió Cárdenas a Última Hora.
El Indert realizará una mensura en la zona para determinar la cantidad de hectáreas usurpadas, según anunció.
“(...) Vamos a transparentar todo este proceso, y también vamos a incorporar al patrimonio institucional esas tierras, que están ocupadas por una empresa que no califica como sujeta de la reforma”, aseguró el responsable del ente rural.
Por su parte, el gerente general de la Ganadera, Julio López Moreira, remitió una nota al titular de la institución agraria, en la que se pone a disposición de forma a deslindar responsabilidades en el caso.
A continuación la transcripción de una parte del documento: “Ganadera Sofía SA es propietaria en esa zona de una estancia de 2.900 hectáreas, y no tiene interés alguno en retener la posesión de ningún lote que no fuese de su propiedad, y si existiese un área de 18 hectáreas ubicada dentro del perímetro de su estancia de propiedad del Indert, desde ya nos ponemos a disposición de esa entidad para colaborar con los trámites de delimitación de dicho lote, a fin de entregar la posesión a quien correspondiere en Derecho”.
“Solicitamos al señor presidente del Indert que se sirva ordenar arbitrar todos los medios conducentes a fin de aclarar esta supuesta ocupación...”, resalta el escrito.
El responsable de la empresa pidió igualmente a Cárdenas que le sea facilitado los antecedentes legales del título de propiedad del lote, “a fin de contrastarlos con los títulos de propiedad pertenecientes a Ganadera Sofía SA“.
Ya en el año 2013, el entonces administrador de colonias de la institución agraria, Celedonio Cristaldo, verificó que el inmueble se encontraba en posesión de la Ganadera Sofía.
Las tierras corresponden a una adquisición realizada por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) al Banco Central del Paraguay (BCP) en el año 1981, de unas 140.000 hectáreas, cuya transferencia se encuentra en proceso de finiquito, según informaron desde el Indert.
Una gran cantidad de tierras posee el mandatario mediante sus empresas, muchas de ellas con títulos de dudoso origen.