No constituye ninguna sorpresa enterarnos de que un miembro del Senado llame por teléfono o envíe mensajes por chat al director de Aduanas o al titular de cualquier repartición pública, exigiendo “favores” como correligionario del partido político al cual pertenecen, casualmente el que se encuentra en el poder. Es una práctica irregular que lamentablemente ya es tradición común en la política paraguaya, a pesar de constituir una abierta situación ilegal y delictiva.
Sin embargo, no siempre se presentan evidencias concretas de estas situaciones y mucho menos se hacen denuncias ante la Fiscalía, como la que ha formulado el director de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador colorado oficialista Martín Arévalo.
Fernández acusó a Arévalo de intermediar en la designación de funcionarios aduaneros, que serían parte del entorno político del legislador, en puestos claves de la institución, dando a entender que de este modo podrían implementar mejor el antiguo esquema de los llamados “maletines”, consistente en recaudaciones paralelas de empleados públicos, que cobran coimas o comisiones por el paso de mercaderías no declaradas o subfacturadas, obteniendo de este modo un millonario botín que posibilita tanto el enriquecimiento ilícito de los involucrados como la financiación de campañas electorales con dinero sucio.
El director de Aduanas acusó asimismo que el senador también habría intervenido en sumarios administrativos, pidiendo la intermediación para devolver mercaderías incautadas a un ciudadano árabe, de nombre Ahmad Khalil Chams, proceso que se encuentra abierto ante el Ministerio Público por contrabando. La carga venía por tierra desde el Uruguay con artículos electrónicos por valor de USD 3 millones, la cual fue cambiada por otra de menor valor en Encarnación. No obstante, la partida de mercaderías fue incautada nuevamente y ubicada en el depósito de Gical de Mariano Roque Alonso, donde fue asaltado por un grupo tipo comando, que se llevó gran parte de la mercadería, en agosto del año pasado.
Los documentos respaldatorios que muestran el intenso lobby realizado por el senador Arévalo para liberar esta carga, fueron entregados a la Fiscalía y se han iniciado algunos allanamientos de domicilios lujosos de los funcionarios involucrados.
Aunque el parlamentario respondió que las acusaciones forman parte de una persecución política y que el director de Aduanas también se encuentra implicado en presuntos hechos de corrupción, las evidencias demostradas implican que en este caso hubo una clara situación de tráfico de influencias y de injerencias políticas del legislador colorado en temas administrativos que corresponden al Poder Ejecutivo.
Los hechos que se hicieron públicos justifican plenamente que el senador Arévalo sea sometido a la pérdida de investidura, como ha ocurrido en varios casos anteriores.
Principalmente, los integrantes del sistema de Justicia tienen una brillante oportunidad de investigar a fondo este caso, para tratar de desarmar un pernicioso esquema de corrupción, evitando que quede solamente como una pelea política más en vísperas de elecciones.