EFE
Se trata de la publicación “Incumplimiento con el Salario Mínimo en América Latina: El peso de los factores económicos e institucionales”, en el que ambas organizaciones advierten que en muchos casos el salario mínimo es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Pero, en algunos de los países donde su nivel es más alto y está más cerca de ese objetivo, hay un alto incumplimiento, consignan la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Elisabeth Tinoco, directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, recuerda en el texto que el salario mínimo es “uno de los principales instrumentos de política orientados a la protección de los trabajadores asalariados” y que cuando se aplica de forma adecuada “es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.
En tanto, Raúl Benítez, representante regional de la FAO, sostiene que si los trabajadores carecen de un salario que les permita garantizar su seguridad alimentaria y de sus familias, “la región no podrá avanzar hacia la erradicación del hambre”.
Fortalecer el mercado laboral, especialmente en las áreas rurales, “es uno de los grandes retos pendientes en nuestra región, y puede tener un impacto inmediato en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria”, añade.
Según la publicación, exceptuando las situaciones más extremas, cuando el salario mínimo es muy bajo o muy alto respecto del sueldo promedio, el grado de cumplimiento está determinado en gran parte por la calidad de la institucionalidad vigente.
En ese contexto, precisa, se requiere revisar las instituciones encargadas de verificar y promover su cumplimiento, como las inspecciones del trabajo y las multas.
El estudio presenta cuatro informes nacionales sobre el cumplimiento del salario mínimo (Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay).
De esos países, Chile y Uruguay presentaban en 2011 niveles bajos de incumplimiento, en torno a un 9,0 %, mientras en Perú y Costa Rica se registraban niveles más altos, del orden de un 30 %.
El estudio compara además lo que ocurre en zonas urbanas y rurales, destacando que en estas últimas el número de asalariados es menor que en las ciudades. En 10 de 14 países de la región el trabajo asalariado rural representa menos del 50 % de los ocupados.
En todos los casos, el incumplimiento del salario mínimo en el sector rural es muy superior al sector urbano. En Chile y Uruguay el incumplimiento en el sector rural duplicaba al existente en el sector urbano, mientras que en Costa Rica era un 66 % superior y en Perú un 77 % más alto.
En lo institucional, la acción de las inspecciones del trabajo en el ámbito rural ha sido insuficiente para enfrentar esta situación, por lo cual la fiscalización es un asunto prioritario.
En los 4 países analizados, solo en relación con la cantidad de inspectores se observan diferencias importantes. Mientras en Uruguay hay aproximadamente 6.900 asalariados por inspector y en Chile 8.500, en Costa Rica y Perú la cifra se eleva por sobre las 10 mil personas.
El informe señala asimismo que la política de salario mínimo debería ser de largo plazo, con ajustes periódicos, preferentemente anuales, que la acerquen al objetivo de alcanzar a cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia.
