Ni el enorme déficit con el que cerró el año pasado impidió que la Industria Nacional del Cemento (INC) reparta jugosos beneficios a sus funcionarios en estos primeros meses del 2021.
Los registros del Consejo de Empresas Públicas indican que esa institución fue una de las más afectadas por la crisis sanitaria, registrando un saldo rojo de G. 22.188 millones (USD 3,3 millones) entre enero y diciembre del 2020, situación que significa una caída del 1.947,1% frente al mismo periodo del 2019 (ver la infografía).
Pese a ese estrepitoso resultado, la INC se dio el lujo de repartir G. 995,8 millones (USD 150.000) a su plantel en gratificaciones adicionales al salario, solo entre enero y marzo.
De acuerdo con su planilla de personal, unas 332 personas cobraron una ayuda escolar de entre G. 548.210 y G. 2.192.840. Por este concepto, el ente cementero distribuyó G. 270,8 millones.
Asimismo, en marzo pasado pagó a 512 funcionarios un plus por antigüedad, por un total de G. 725,1 millones. En este rubro, los desembolsos son muy variados, yendo de un mínimo de G. 526.281 a un máximo de G. 2.631.407.
Derroche. Pero además de la INC, otra de las empresas públicas que cerró con déficit y repartió generosos beneficios a sus funcionarios fue la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).
Esta entidad, tras cerrar un 2019 en positivo, terminó el ejercicio anterior con un déficit de G. 66.164 millones, lo que equivale a una variación negativa del 2.342,3%, la mayor en términos porcentuales entre las empresas del Estado.
No obstante, repartió en marzo pasado un subsidio alimenticio a 1.283 funcionarios. La entidad pagó un mínimo de G. 406.672 y un máximo de G. 1.388.727, por lo que, solamente en ese mes desembolsó G. 1.258 millones en este beneficio adicional al salario.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), pese a cerrar el 2020 en positivo, no se quedaron atrás a la hora de repartir los extras. Mientras que el ente eléctrico que gastó G. 3.593 millones en pagos extras a su plantel solamente en marzo, entre ayuda escolar, lectura de medidores y subsidios familiares; la aguatera estatal benefició a 389 funcionarios con una ayuda vacacional y entregó una subvención por escolaridad a 1.027 funcionarios, gastando unos G. 873,9 millones.
Estos pagos extras, que se encuentran incluidos en los contratos colectivos de trabajo, van achicando el espacio financiero en las empresas públicas, que precisan de inversiones urgentes para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.
El Gobierno prometió iniciar una revisión a los beneficios que perciben los funcionarios de estas compañías, pero esa iniciativa quedó varada tras el inicio de la pandemia.
Casos saltaron a luz tras pago hecho por Hacienda
Los pagos extras que realizaron las entidades públicas empezaron a saltar tras la acreditación que realizó el mes pasado el Ministerio de Hacienda a sus funcionarios, en concepto de subsidio familiar. La cartera fiscal, que lleva adelante el proceso de reforma del gasto, desembolsó G. 3.300 millones en favor de 1.500 funcionarios.
Además del Fisco y las empresas públicas, concretaron acreditaciones adicionales el BCP, BNF, Seprelad, Aduanas, Trabajo y MIC.
Mientras, en medio de la pandemia y la apretada situación de las finanzas públicas, el Estado tiene que recurrir a préstamos para financiar la compra de medicamentos, las medidas de asistencia económica y las obras públicas. Entre enero del 2020 y marzo del 2021, la deuda pública ya creció USD 4.187 millones.
El creciente gasto salarial desató la furia e indignación en el sector privado. De hecho, gremios como la UIP ya pidieron al Gobierno recortar estos pagos extras y reasignar los recursos a obras.
