Las fiscalas de ambos casos, Lorena Ledesma y Teresa Sosa, solicitaron al juzgado la aplicación de medidas alternativas para ambos imputados, entre ellas una caución real que permita garantizar la reparación del daño.
La primera imputación fue por una denuncia presentada de María Evangelina Mendieta Araújo, quien relató que recibió una oferta de préstamo más un celular marca Blue.
El vendedor le aseguró que podría pagar todo en cuotas que le serían descontadas a través del Ministerio.
La docente contó que llenó un formulario con el membrete de Marité SA, donde constaba el descuento.
Al final de la hoja había un pagaré, que formaba parte del mencionado formulario de autorización del descuento.
Posteriormente, Mendieta recibió el dinero y el celular, pero nunca descontaron las cuotas de su salario.
Según la imputación, la firma inició directamente un juicio ejecutivo con el pagaré, ya que nunca pudo realizar los descuentos porque no existen los convenios necesarios. La otra imputación es por una estafa al docente Jorge Ramón González Cazal.