El documento sancionado por el Congreso Nacional, que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, “De la pérdida de investidura”, aún no se remitió desde la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, en donde el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tendrá la oportunidad de vetar la normativa que plantea más votos para la destitución de un parlamentario, lo que implica un autoblindaje para los legisladores.
Uno de los principales beneficiados con dicha iniciativa es el diputado liberal Carlos Portillo, sobre quien pesa un pedido de pérdida de investidura, ya que Portillo está imputado por tráfico de influencias.
Portillo, irónicamente, es uno de los secretarios parlamentarios, de cuya firma depende la remisión del documento al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con los datos proveídos desde la Cámara Baja, el jueves pasado el presidente de la sede parlamentaria, el colorado oficialista, Miguel Cuevas –también investigado por el Ministerio Público–, ya firmó el documento y desde el viernes se encuentra en Secretaría General para que los secretarios parlamentarios puedan firmar y posteriormente enviar a disposición del primer mandatario.
Además de Portillo, otro secretario es el recientemente blanqueado por la Justicia, el colorado Carlos Núñez Salinas, quien reconoció que cometió el delito de contrabando.
Asimismo, el también colorado Freddy D’Ecclesiis es otro de los secretarios.
CON PROCESOS. En la Cámara de Diputados, varios legisladores cuentan con procesos judiciales, entre imputados, investigados, incluso blanqueados, que ahora están más tranquilos, ya que difícilmente se pueda alcanzar los votos necesarios para la aprobación de una pérdida de investidura; entre ellos se encuentran Cuevas, y los también colorados Tomás Rivas, Esteban Samaniego, Justo Zacarías Irún y su esposa Rocío Abed.
Hasta el momento, en la Cámara de Baja no fue sancionado un solo legislador, a pesar de que varios de ellos enfrentan procesos judiciales muy por el contrario con lo que se da en el Senado.
Recordemos que en el periodo anterior, ya hubo un intento de autoblindaje que establecía incluso condiciones más drásticas, luego de que el cartista Óscar González Daher, y Jorge Oviedo Matto, del Unace, hayan quedado fuera del Senado por uso indebido de influencias.
En este periodo que se inició en julio del año pasado, hubo varios senadores que tuvieron que irse por la causal mencionada, entre ellos nuevamente González Daher y Oviedo Matto, que habían sido reelectos en el Senado.
Este año le tocó el turno al cartista Víctor Bogado por el polémico caso de la niñera de oro, y luego al llanista Dionisio Amarilla, filmado mientras abogaba por la empresa de seguridad de su amigo Óscar Chamorro, para recibir un contrato con el IPS.
En cuanto a Diputados, aunque sus pares le salvaron de perder su investidura, el colorado José María Ibáñez se vio forzado a renunciar por la presión ciudadana.
El documento sancionado establece la mayoría absoluta para la remoción de un legislador, 23 votos en el Senado y 41 en Diputados. Actualmente se necesitan cuórum y mayoría de los presentes.
