Con insolencia y alevosía, un prófugo de la justicia, acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas brindó una entrevista a un canal de aire uruguayo. Las autoridades de seguridad de nuestro país dicen desconocer dónde se encuentra Sebastian Marset ni el lugar donde tuvo lugar la reunión; sin embargo, la gran conclusión a la que es inevitable llegar es que la situación supone la gran derrota del Estado paraguayo.
Sebastián Enrique Marset Cabrera, actualmente con 31 años, se dedicó a la música como cantante, compositor y productor; integró el plantel del Club Deportivo Capiatá y, según la Fiscalía, sería el líder una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero revelada con la operación denominada A Ultranza Py, llevada adelante en febrero de 2022.
En la entrevista Marset no aportó información relevante, no obstante el verdadero mensaje llegó alto y claro: Su impunidad es absoluta. Y, aunque las autoridades dicen desconocer su paradero, logró dejar en ridículo al mismo Estado paraguayo. Frente a la posibilidad de que el presunto narco uruguayo estuviera oculto en Paraguay, la Policía Nacional afirma que “no maneja información puntual”. Lo más grave fue la admisión de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de que no puede detectar vuelos “no amigables”, y que apenas se cubre un 3% del cielo con un radar a medias.
Este es un dato oportuno, en un país que aparece en todos los informes internacionales, lamentablemente, bien posicionado en cada índice de criminalidad. Como afirma el especialista Juan Martens, nuestro país se convirtió en un hub internacional de distribución de la cocaína andina, proveniente de Perú, Bolivia y Ecuador, un esquema que usa el río Paraguay y los puertos de Buenos Aires y Montevideo para enviar la droga hasta puertos europeos, África y Oriente próximo.
Paraguay se convirtió también en el segundo hogar de la más importante organización criminal del Brasil, el PCC, que desembarcó hace más de una década, y hoy prácticamente sigue con el control del Penal Nacional de Tacumbú.
La vía por la que se llegó a esta situación son nuestras instituciones débiles. Lo que debilitó a nuestras instituciones fue la corrupción, la corrupción en la que cayeron funcionarios y autoridades nacionales.
Esto no es retórica, ejemplos sobran. Este año retornó al país una ex diputada colorada cartista tras haber cumplido su condena en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico; en abril del año pasado poco después del gran revuelo causado por A Ultranza Py, se vinculó a miembros de una organización que se dedica al tráfico de drogas detenidos y rápidamente liberados tras haber –supuestamente– pagado un millonario monto a policías. El caso fue conocido como los narcoaudios. Tampoco podemos olvidar que hace ya once años, el entonces presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, había acusado a un sector del Partido Colorado de propiciar la destitución del presidente Fernando Lugo y habló del “narcocoloradismo”.
Ningún capítulo del drama que vivimos hoy hubiera sido posible sin funcionarios venales, sin autoridades nacionales fácilmente corruptibles por la mafia y el narco. Ellos hicieron posible que en el Paraguay, un Kassem Mohamad Hijazi, pese a estar vinculado con el crimen organizado fuera absuelto en 2008 por la justicia paraguaya, aunque luego nuevamente detenido y luego de varias chicanas ser extraditado a los Estados Unidos.
Recordemos el vínculo del asesinado fiscal Pecci con este caso.
Esa clase política es responsable de nuestro Estado fallido y de nuestra soberanía mancillada por cada delincuente local y transnacional, que tomó al territorio paraguayo como patio de recreo.