Es bastante frecuente observar a familias enteras viviendo dramas debido a la disolución. Tras esta experiencia, que de por sí resulta compleja de asimilar para los hijos, estos, cuando son niños o adolescentes especialmente, se ven obligados a vivir situaciones incluso más dramáticas. Se trata de los conflictos de las parejas que utilizan a los niños y niñas prácticamente como rehenes.
Con frecuencia resulta todavía más dañino cuando ellos se ven atrapados en medio de un fuego cruzado. Pero esto se convierte en una situación aún más reprobable cuando resulta cómplice el propio sistema judicial.
Es comprensible que tras una ruptura se generen desacuerdos, se trata después de todo de la naturaleza humana. Lo que es inadmisible es que los niños sean utilizados por alguno de los padres como una herramienta de extorsión o arma para atacar al otro. Lo que resulta todavía peor que esa actitud de los padres es que sea el propio sistema judicial el que propicie, posibilite y estimule dichas execrables decisiones.
En el país existe una realidad jurídica, donde los niños, niñas y adolescentes muchas veces son víctimas colaterales de estos conflictos parentales. Si bien existen garantías constitucionales en el sistema que prevén los derechos de los hijos, hay veces que no son aplicadas adecuadamente.
Nuestra Constitución Nacional y las leyes claramente garantizan los derechos de niños y niñas, eso es indiscutible. Sin embargo, la zona gris, que permite los abusos de los auxiliares del Derecho, tiene como consecuencia, por ejemplo, que niños comienzan a ser víctimas de conflictos judiciales con dos años de edad, y esos conflictos pueden llegar a extenderse durante décadas.
El conflicto, como parte de la naturaleza humana, cuando se da en una familia, puede ser resuelto en instancias de mediación. Es injustificable, sin embargo, que el sistema judicial permita que una disputa se prolongue en el tiempo, ignorando el daño que se causa a niños, niñas y adolescentes, cuando estos se ven atrapados en medio de un conflicto que tendría que haber puesto por encima de todo sus derechos.
Esta es sin duda una debilidad institucional, y en este punto se debe destacar que no se trata solamente de insuficientes recursos en el presupuesto o escasez de recursos humanos calificados. Por encima de todo se hace visible la falta de especialización de todos los profesionales involucrados en los casos de niñez, desde el juez hasta el ordenanza. Se podría formular más directamente: las leyes están, pero no son aplicadas, o si se aplican hay pocas personas especializadas.
La Constitución Nacional, las Convenciones de las Naciones sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, además de otros instrumentos legales, reconocen el marco legal de protección a los derechos, y uno de ellos es el de convivir y relacionarse con ambos padres.
Es absolutamente inadmisible que los niños sean víctimas de un sistema judicial que no vela por sus derechos. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizarles un desarrollo integral y armónico. Porque este no es un mero conflicto jurídico, es, por sobre todo, una problemática social.
