“Diálogo y consenso para la paz social” es el título que eligió el obispo castrense y de la Diócesis de Villarrica para llamar a todas las fuerzas vivas a combatir la inequidad, la corrupción y la impunidad que hacen a la ecuación del malestar social.
“Exhortamos a los líderes políticos, económicos y sociales a que, con espíritu abierto y con gran sentido de responsabilidad, propicien espacios de diálogo serio que permitan identificar y priorizar los temas sobre los que es necesario establecer consensos para el logro del bien común de la sociedad”, insistió.
Para el obispo, cada vez que se inicia un nuevo año “es una ocasión oportuna para fijarse propósitos de construir una agenda país”, la cual debe apuntar al desarrollo integral de los habitantes “por el bien de la República, por la paz social y por la vida digna de nuestro pueblo”.
Martínez mencionó que las condiciones climáticas golpearon con fuerza a varias comunidades con sequías, inundaciones e incendios. “Miles de familias fueron afectadas. Sin embargo, otras personas e instituciones generosas y solidarias se organizaron para mitigar el dolor y el sufrimiento del prójimo necesitado”, dijo al resaltar que las acciones de caridad individual u organizada “son importantes, pero insuficientes”.
“El Señor nos dice: ‘Denles ustedes de comer’, como un mandato inmediato y urgente, pero estamos llamados a comprometernos con los cambios estructurales que requiere el Paraguay para que a ninguno de sus hijos les falte lo necesario para una vida digna”, exclamó.
“Reducir la inequidad social estructural, así como un combate decidido a la corrupción y a la impunidad, que daña el tejido social y moral de la nación, es una tarea necesaria, imprescindible, y también urgente para propiciar la paz social”, sostuvo.
El prelado analizó que la inequidad, la corrupción y la impunidad producen desencanto con la democracia; “hay una profunda insatisfacción social porque no se atienden adecuadamente las demandas de la población por mejores condiciones de vida: cobertura de salud, educación de calidad, techo, tierra, empleo digno, seguridad y un ambiente saludable, entre otros derechos básicos del ciudadano”, enumeró lo que –a su entender– se trata del “anhelo y el derecho de ser felices” de cada ciudadano al tener acceso a servicios básicos de calidad como corresponde.
CONVULSIONES. Martínez reflexionó sobre los acontecimientos sociales y políticos que afectan a varios países de la región, “con estallidos sociales que costaron vidas humanas” y enlutó a todos.
Estos hechos “deben invitarnos a la reflexión serena sobre las causas que los motivaron, analizar nuestra propia realidad y recapacitar con el objetivo de establecer consensos que permitan corregir rumbos”, aconsejó.
Recordó que los obispos paraguayos hablaron, en su reciente asamblea ordinaria, de la necesidad de un diálogo social. “Se trata de identificar los principales temas que impiden el desarrollo del país, mantienen la inequidad que excluye de los beneficios de la economía a amplios sectores de la población y debilitan las instituciones de la República”, continuó, no sin dejar de ajustar la brújula del mensaje.
“Es un imperativo moral dialogar sobre los grandes temas que son fuente de malestar social y podrían ser causa de un estallido social en el Paraguay”.
“La inequidad, la corrupción y la impunidad producen desencanto con la democracia; hay una profunda insatisfacción social”.
Monseñor Adalberto Martínez, presidente de la CEP.