Ahora, la Fiscalía debe disponer una nueva fecha para realizar dicha diligencia ante la unidad del agente fiscal anticorrupción Rodrigo Estigarribia.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados rechazó la intervención de la Gobernación del Departamento Central, a cargo del colorado cartista Hugo Javier, quien está imputado por presuntas irregularidades en su gestión.
En total hubo 42 votos en contra de la intervención, 31 votos a favor y 7 diputados ausentes. Esta situación fue bastante cuestionada, tanto por diputados disidentes como concejales departamentales de Central.
El concejal Adrián Billy Vaesken lamentó que la Cámara de Diputados haya blanqueado al gobernador Hugo Javier, a pesar de que existan pruebas contundentes contra su administración. En ese sentido, señaló que los diputados colorados actuaron como “una corporación” que apaña los hechos de corrupción, a pesar de que estos fueron probados por los organismos de control del Estado. La diputada Kattya González también criticó duramente a sus pares por blanquear al Número 2.
El pedido de intervención fue presentado por un grupo de concejales de la Gobernación, quienes hablaron sobre las facturas falsas, obras fantasmas y pagos sobrefacturados.
DEFENSA. Por su parte, Hugo Javier aseguró días pasados que su administración no tiene nada que esconder y negó las denuncias sobre presuntas irregularidades. “En todo lo que vamos a presentar no existe doble pago, está todo documentado. Vamos a presentar todo. Somos los más celosos custodios del dinero público”, afirmó el gobernador.
la causa. La investigación de la Fiscalía se inició con la denuncia de la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), por supuesto desvío millonario en la Gobernación. Un informe de la Contraloría habla sobre posibles inconsistencias en las transferencias de al menos G. 18.000 millones por parte de la Gobernación a instituciones educativas y oenegés.
Cinco meses después de saltar estos informes, la Fiscalía tomó intervención en la causa y presentó imputación contra gobernador del departamento, Hugo Javier González, y otras 14 personas, por un supuesto esquema para obtener dinero con obras fantasmas.
Según la carpeta fiscal, en diciembre del 2020, González habría autorizado desembolsos para la Fundación CIAP, a fin de hacer esas obras. Para eso se utilizó el financiamiento de los Fondos Covid-19.
La Gobernación de Central pagó por supuestas obras que en realidad no tenían documentos que las respalden, por lo que habrían acomodado documentaciones tratando de justificar esas acreditaciones.
Se desembolsaron en total G.5.105 millones, G. 3.063 millones para construcción y G. 2.042 millones para pavimentación, pero nunca hubo proyecto concreto.
La Fundación CIAP rindió cuentas ante la Contraloría fuera de tiempo, y cuando lo hizo, presentó facturas aparentemente falsas y otras clonadas. Esos mismos documentos también entregó la Gobernación a la Contraloría.
