Por Andrés Colmán Gutiérrez
MARACAMOA, ALTO PARANÁ
Aunque les cuesta admitirlo, por temor a que sus críticas sean manipuladas o utilizadas por sectores conservadores, los dirigentes de las principales organizaciones campesinas del Alto Paraná están molestos y preocupados ante las últimas acciones emprendidas desde un sector político afín al Gobierno, que instauraron un nuevo clima de tensión social en el departamento.
Les molesta que se haya llevado adelante -sin hacer caso a sus cuestionamientos- la ocupación de unas 4.000 hectáreas de tierra en el distrito de Ñacunday, parte de una propiedad vinculada al conocido empresario rural Tranquilo Favero, por parte de un grupo de dirigentes que no son reconocidos a nivel regional, y en contramano del proceso de lucha social agraria que se lleva a cabo en la región.
Les molesta igualmente que el Gobierno haya removido de su cargo a Feliciano Fernández, director regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con sede en Ciudad del Este, un funcionario valorado por accionar participativamente con las organizaciones campesinas de la zona, para ser sustituido por Jorge Fariña, persona a la que no le reconocen trayectoria de trabajo con el sector social, y a quien identifican como un operador político del Partido Colorado, más concretamente del movimiento Honor Colorado, liderado por el empresario Horacio Cartes.
“Tenemos muchas dudas ante lo que está pasando, porque obedece a una acción política oportunista de este sector del actual entorno de Lugo, mirando a las elecciones del 2013, sin respetar el trabajo que hemos venido realizando, en el proceso de buscar la reforma agraria”, afirma Fermín Bobadilla, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) y del Frente Guasu, principal alianza de las organizaciones sociales y políticas de izquierda que sirven de soporte al Gobierno de Fernando Lugo.
FRICCIONES. Fermín Bobadilla recibe al reportero de Última Hora en su modesta vivienda, en medio de una pequeña chacra rural, en el asentamiento Santiago Martínez, a unos 40 kilómetros al norte de Ciudad del Este.
“No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Deslindamos toda responsabilidad de la ocupación que hubo en Ñacunday, porque no responde a la política que venimos impulsando desde nuestras organizaciones campesinas. Es importante pelear por la real reforma agraria, y la ocupación de tierras es una forma de lucha legítima, pero no estamos de acuerdo con que se haga de manera oportunista, solo por una cuestión política electoral para el 2013", sostiene el dirigente.
Bobadilla afirma que “es necesario investigar la situación de las propiedades de empresarios poderosos, como el Rey de la Soja, Tranquilo Favero, que contribuyen poco al bienestar del pueblo paraguayo, pues se adueñan de las mejores tierras para producir soja, que luego es exportada, y se enriquecen mientras destruyen y contaminan el medioambiente, empobreciendo a los campesinos”, pero reclama que el proceso de reforma agraria se realice por vías institucionales, y con participación activa de las organizaciones campesinas.
Aunque elige cuidadosamente las palabras, Bobadilla admite que existen fricciones en el interior del Frente Guasu, con respecto a las estrategias políticas para las elecciones generales del 2013, y lo que ocurre en Alto Paraná forma parte de acciones emprendidas por un sector representado por figuras como el senador Sixto Pereira, del partido Tekojoja, y el actual gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, quienes buscan construir un nuevo escenario político para apoyar movilizaciones que exijan la enmienda constitucional, para lograr la reelección del presidente Fernando Lugo.
¿ACUERDO CON ANR?
“Estamos viendo a políticos como (el senador Sixto) Pereira y Pakova (José Ledesma, gobernador de San Pedro) detrás de todo esto. Están con un plan de copar los cargos, y por eso echan a alguien como el director regional del Indert en Alto Paraná, Feliciano Fernández, con quien las organizaciones estábamos trabajando muy bien en una mesa interinstitucional, y ahora ponen en su lugar a un político colorado, como demostrando que hay acuerdos con el sector más retardatario de la política. Eso nos preocupa”, manifiesta Fermín Bobadilla.
La remoción de Fernández se produjo sorpresivamente el 5 de julio. Un grupo de dirigentes y miembros del Movimiento Campesino Paraguayo y de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas realizaron una manifestación frente a la sede local del Indert en Ciudad del Este, portando pancartas con inscripciones como “Basta de injusticia”, pero no se les hizo mucho caso. El nuevo director, Jorge Fariña, fue puesto en funciones ya en horas de la noche, evitando contactos con medios de prensa.
“Notamos que hay una disputa en el entorno del Gobierno. Hay un sector que quiere avanzar hacia la reelección a toda costa, y hace acuerdos de contramano, negociaciones oportunistas”, destaca.