La magistrada había firmado supuestamente una resolución de demanda en la que se transfieren 300.000 hectáreas de la Asociación Espíritu Santo a cuatro empresas extrajeras, ya que presuntamente la primera había incumplido en el pago de un crédito de USD 15 millones.
Según el abogado Bittar, la asociación nunca solicitó ni recibió ese crédito y, tras la demanda, Tania Irún transfirió las 300.000 hectáreas, valuadas en USD 500 millones.
“La jueza, lejos de fraccionar lo que supuestamente pide –USD 15 millones–, otorga la demanda de la totalidad de tierras”, explicó la defensa.
CANCELAN PERMISO. La jueza Tania Irún tenía permiso de maternidad hasta el 27 de enero del 2019, pero solicitó a la Corte que se deje sin efecto esa licencia, la cual fue otorgada por resolución el 23 de noviembre del 2018, pero notificada recién el 28 de ese mes a la magistrada.
“El 23 se autoriza su vuelta, con sello de cargo a las 13:00 y a las 13:02 la jueza sube la resolución de transferencia de las tierras al sistema informático”, explicó Bittar.
De acuerdo con el abogado, ella no podía volver a sus funciones hasta tanto se le notifique –lo que ocurre el 28–, ya que el juez Hugo Becker estaba interinando.
La primera denuncia presentada contra la jueza fue por este supuesto hecho punible, de acceso indebido al sistema informático, y la Fiscalía ya se constituyó en su oficina.
“Ella tenía permiso de maternidad y ese tiene carácter de biodenunciabilidad. Uno está obligado a cumplir, ya que es un derecho irrenunciable para el niño”, refirió Bittar.
Además, ese día habría firmado más de 400 resoluciones, según comunicó el abogado Bittar.
otras irregularidades. La empresa Victoria Terrace (extranjera) no existe en el Banco Central, ni en los registros contables y ella fue la que dio el crédito supuestamente a la asociación. Sin embargo, el titular de esa firma se presentó a declarar y desmintió ese crédito, según el expediente.
“El directivo desmiente que se hizo un préstamo, eso omite la jueza”, refirió Bittar.
Las tierras del Chaco, que están dentro del margen de seguridad fronteriza, fueron otorgadas a cuatro empresas offshore, de las Islas Vírgenes y Chipre.
Según el abogado, la jueza Irún no pidió oficio a la empresa que reclamaba el crédito para saber quiénes eran los accionistas y que estos no cuentan con domicilio, ni tampoco con RUC.
“Dentro de esas 300.000 hectáreas, hay además 30.000 hectáreas que donó al Estado, y que a través del Indert fueron adjudicadas en el marco de la reforma agraria a campesinos, lo que ahora está bloqueado”, refirió.
Según Bittar, otra falla de la jueza es que al contrato que presentan los demandantes le falta una página entera, ya que de la cláusula dos pasa directamente a la seis.
“¿Qué pasaba si en esas cláusulas decía que yo tenía que demostrar que se otorgó el crédito?”, se preguntó, concluyendo, el abogado.
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