La situación indigna aún más al apuntar que el director de la Itaipú Binacional, Ernst Bergen, gana G. 106.871.000, cinco veces más que el médico Sequera, mientras la directora jurídica Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador oficialista Silvio Ovelar, gana mensualmente G. 105.610.817. El director de Yacyretá, Duarte Frutos, percibe mensualmente G. 90.260.153. Los legisladores reciben salarios de G. 32 millones, más otros beneficios. En la Corte Suprema de Justicia, en junio pasado, la ministra Gladys Bareiro de Módica cobró casi G. 80 millones, gastando en viático cerca de G. 37 millones. Más de G. 1.000 millones al año se gastan tan solo en mantener al ejército de mozos que sirven a los legisladores en el Congreso.
Esta desigual situación, que ya era cuestionada antes de la cuarentena, se ha vuelto más indignante al exigir que trabajadores humildes se queden en sus casas, dependiendo de una limitada ayuda estatal o de la solidaridad ciudadana para sobrevivir. La Ley de Emergencia que presentó el Poder Ejecutivo ya proponía suspender temporalmente varios de estos beneficios de las autoridades y altos funcionarios, pero los legisladores no aprobaron dichos artículos.
Ante propuestas que recorren internet y suman miles de firmas ciudadanas, el presidente de Diputados, Pedro Alliana, anunció que los miembros de la cámara donarán el 20% de sus salarios a la salud, aunque algunos legisladores lo desautorizaron. El director de Yacyretá también comunicó que él y los demás directivos donarán el 100% de sus salarios. Otros sectores estatales con altos ingresos y beneficios se sumaron a la iniciativa, mientras la Cámara de Senadores reinició apuradamente el estudio de los recortes, que antes había desechado.
Finalmente, el Poder Ejecutivo, al reglamentar la Ley de Emergencia, dispuso ayer una serie de recortes por, al menos, tres meses de los sueldos de funcionarios estatales que ganen más de G. 10 millones, que incluye a las binacionales, con lo que se ahorrarán unos 52 millones de dólares para el sector salud.
No perdamos de vista que la reacción de donar o recortar temporalmente es una medida desesperada para aplacar la indignación ciudadana, tratando de mantener los privilegios. La emergencia planteada por el Covid-19 exige realizar cambios radicales en la injusta y desigual manera en que se ha sostenido el Estado. El Paraguay que supere la pandemia ya no puede ser el mismo que antes. Es hora de transformaciones profundas y no solamente de aplicar parches populistas.
