De esta manera, con siete votos a favor, uno parcial y uno en contra, los miembros de la Sala resolvieron a favor de los intereses de la ciudadanía y del sistema democrático. Es en el marco de un amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano, con el respaldo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contra la Contraloría, para acceder a la información pública, que en principio fue negada.
En la presentación inicial hecha en 2016 se pidió que las declaraciones juradas de las autoridades electas y los funcionarios públicos entre 1998 y 2017 sean divulgadas en los portales web del Estado para conocimiento de toda la ciudadanía, en el marco de la Ley 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. La solicitud había sido negada por la Contraloría y recurrida ante la Justicia, en diversas instancias, hasta llegar al actual fallo de la Sala Constitucional de la Corte.
Lo resuelto en esta ocasión constituye una importante victoria ciudadana contra la cultura del secretismo y de una perniciosa práctica que a lo largo de los años ha favorecido el enriquecimiento ilícito de numerosas autoridades, legisladores y caudillos políticos con total impunidad.
El fallo de la Sala Constitucional de la Corte constituye además un punto a favor para la reivindicación ante la ciudadanía de un Poder Judicial con un negro historial de corrupción y de sometimiento a sectores políticos.
A pesar de que siguen existiendo señales de vigencia de estos esquemas, las posturas asumidas por los ministros de la Corte y los camaristas que participaron del debate público para resolver el caso de las declaraciones juradas permiten tener buenas esperanzas de que se pueda avanzar en un proceso con mejores perspectivas.
La decisión judicial, además de imponer señales claras ante las posturas cómplices con la impunidad que han sostenido sectores de la Cancillería, la Fiscalía, el mismo Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo, marca una abierta contradicción con la maniobra realizada esta misma semana por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados.
La denominada Cámara de la Vergüenza, al aprobar una ley que despenaliza la información falsa sobre los bienes en las declaraciones juradas, dio la vía libre a los políticos corruptos a enriquecerse, garantizando la impunidad.
Con esta clara demarcación de los ministros de la Corte y camaristas ante la alevosa acción en favor de la corrupción y la impunidad por parte de los legisladores, el presidente Mario Abdo Benítez tiene más que sobradas razones para vetar la infame ley aprobada en la Cámara de la Vergüenza.