A varias semanas de que un grupo de empresarios y comerciantes de Ciudad del Este, vinculados a la Fedecámaras (Federación de Cámaras de Comercio), denunciara públicamente que miembros de una “mafia extorsiva” exigían pagos de dinero por permitir el ingreso de teléfonos celulares, poco se ha avanzado en las investigaciones sobre el presunto hecho ilícito.
La llamada “guerra de los celulares” puso en evidencia que las prácticas mafiosas continúan siendo parte del comercio fronterizo en la región Este, a pesar de las reiteradas promesas del gobierno de Fernando Lugo de combatir y acabar con la corrupción.
Los empresarios, en su mayoría importadores de aparatos de telefonía celular multifunción, denominados MP7, traídos desde China a través de la ruta Hong Kong-Buenos Aires-Ciudad del Este, revelaron que un equipo de abogados, con presunto respaldo de autoridades fiscales y directores de medios periodísticos del Alto Paraná, exigían el pago de 1 a 3 dólares por cada pieza ingresada. En caso contrario, se iniciarían intervenciones de agentes fiscales, para incautar y retener las mercaderías, seguidas de publicaciones en los medios regionales acusando de delitos de piratería.
El reclamo de los empresarios obtuvo que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, superintendentes para el Alto Paraná, dispongan que los procedimientos de los fiscales sean acompañados por los jueces de Garantía, para un mayor control. Pero no hubo mayores avances para individualizar y sancionar a los miembros de la supuesta mafia extorsiva, a quienes los importadores reconocen haber realizado un primer pago de 125.000 dólares en enero pasado, para lograr la liberación de sus cargamentos retenidos en el Aeropuerto Guaraní.
Igualmente, las autoridades de las diversas instituciones del Estado deben ponerse de acuerdo en definir si las importaciones de aparatos celulares genéricos fabricados en China transgreden o no las leyes marcarias, y en el caso de detectarse delitos de piratería, aplicar la ley con total transparencia, sin dar lugar a puntos oscuros que permitan a grupos mafiosos ejercer las consabidas prácticas de chantaje y extorsión.
Es urgente que desde el Gobierno y los demás poderes del Estado, así como desde el sector empresarial y la sociedad civil, se redoblen los esfuerzos por lograr la formalización total del comercio fronterizo de Ciudad del Este, en el marco de los proyectos de integración económica del Mercosur, que comprende acciones inmediatas como la puesta en vigencia del Régimen de Tributo Unificado (RTU) o ley de los sacoleiros, así como la cristalización de los acuerdos Lula-Lugo con Brasil sobre la energía de Itaipú.