14 may. 2024

Hay más de 20.000 imputaciones en Chile por el estallido social

Destrucción.   Manifestantes protestan en la céntrica plaza Italia de Santiago de Chile.

Destrucción. Manifestantes protestan en la céntrica plaza Italia de Santiago de Chile.

La Fiscalía de Chile confirmó que contabiliza más de 20.000 imputaciones por diversos delitos desde el inicio del estallido social en el país el pasado 18 de octubre, que ya ha dejado al menos 23 fallecidos, cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado.

Sin embargo, la cifra de personas que pasaron por audiencias de control de detención –fase posterior a la detención y previa a la imputación– alcanzó 30.102, de los que 20.217 acabaron siendo formalizados.

En la fase de control de detención el balance de la Fiscalía, que comprende entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, el balance arrojó un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Con relación a las imputaciones o formalizaciones, el porcentaje subió un 61 % más que en los mismos días de 2018.

Del total de personas detenidas y llevadas al control de detención, el 87 % (26.092) fueron apresadas en flagrancia mientras cometían un hecho ilegal.

Si se apunta a la localización geográfica de los ilícitos, la mayor cantidad se registraron en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, la de Valparaíso y la del Biobío, a la que pertenece Concepción (sur).

La Fiscalía también informó que entre los detenidos que fueron imputados, 1.957 quedaron en prisión preventiva, 20.525 quedaron con prohibición de desplazamiento a ciertos lugares, de cercanía a víctimas o salida del país.

SAQUEOS. En lo que respecta al tipo de delito cometido, el robo en lugar no habitado (saqueo) “es el principal delito registrado en este periodo”, explicaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado. Este tipo de ilícito creció un 183 % desde el comienzo del estallido social en Chile y por el cual 2.493 personas han pasado audiencia de control de detención. Los desórdenes públicos llevaron a esa fase previa a la imputación a 1.934 personas. La Fiscalía abrió 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares. Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias y en las que se reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos, perdieron fuerza con el paso de los días, aunque siguen existiendo episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.