Las compañías que no cumplieron con el canje de acciones al portador por acciones nominativas, serán sancionadas por la Abogacía del Tesoro a partir del lunes 18. Estas sanciones están contempladas en la Ley 5895/17, que elimina las sociedades anónimas (SA), y en el Decreto 9043/18, que reglamenta dicha legislación.
Según informó ayer Hacienda, las multas serán aplicadas según la terminación del RUC y van desde los 100 hasta los 500 jornales.
La Abogacía del Tesoro había establecido un calendario para iniciar la aplicación de las sanciones. El primer vencimiento, previsto para este lunes, afecta a los contribuyentes con terminación 0 y 1 del RUC; mientras que el próximo vencimiento se dará el 18 de marzo para aquellos con terminación 1 y 2, y así sucesivamente cada un mes, hasta junio.
Esta medida obedece a la necesidad de ordenar y esquematizar el procesamiento de los trámites virtuales, previendo el aumento paulatino en la cantidad de las solicitudes recibidas en un promedio de 800 a más de 5.000, correspondientes solo al segmento de inscripción de las sociedades.
El calendario solamente se emplea como cronograma de inicio de la aplicación de sanciones, multas y medidas no sancionatorias estipuladas en las disposiciones mencionadas, el cual perderá su vigencia a partir de cada fecha establecida según el grupo de sujetos obligados por terminación del RUC. Los incumplimientos de las disposiciones antes de dichas fechas no implicarán sanciones, multas o medidas sancionatorias por única vez dentro del periodo del calendario establecido.
Una vez reanudada la aplicación de sanciones, multas y medidas no sancionatorias, según las fechas del calendario establecido, todo incumplimiento conllevará la aplicación de la sanción correspondiente. Es decir, los plazos establecidos en la Ley y sus reglamentaciones para cada tipo de obligación se mantienen inalterables y deberán ser cumplidos por los sujetos obligados.
La resolución está disponible en el apartado “Marcos Legales” de la página web de la Abogacía del Tesoro.
La ley que elimina las SA se aprobó en el 2017 tras las recomendaciones hechas por organismos internacionales, con el objetivo de evitar el lavado de dinero y la evasión impositiva.
