El veto del Ejecutivo a la ampliación presupuestaria para el Ministerio Público no pone en riesgo su funcionamiento normal, aseguró ayer el Ministerio de Hacienda, al salir al paso de las declaraciones hechas por agentes fiscales. El fiscal adjunto Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, había anunciado el cierre de 12 sedes fiscales tras el veto y ratificó el inicio de la huelga desde la fecha.
El Fisco, comunicado mediante, aclaró que en el proyecto vetado se establecen solamente aumentos salariales y creaciones de cargo a partir de noviembre, por un monto total de G. 18.041 millones. Sin embargo, remarcó que no se incluyen incrementos de rubros como compra de insumos o alquileres, ni de otro tipo de gastos relacionados al funcionamiento mismo de la institución.
El documento menciona que los reajustes salariales otorgados en la legislación rechazada van desde el 10% al 18%, los cuales constituyen una clara violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), normativa que establece que no podrán darse aumentos de sueldos por encima del porcentaje aumentado al sector privado, en este caso, del 3,5%.
Hacienda recuerda además que, conforme a la nota presentada por la Fiscalía al Congreso, se explica que el dinero de la ampliación se usaría para creación de cargos en unidades penales ya existentes y en áreas de apoyo, no haciendo mención alguna al funcionamiento.
Suplirán necesidades extremas
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, señaló que una salida que están observando para resolver el problema que hay en la Fiscalía es una ampliación inmediata donde puedan cumplir con algunas necesidades y el resto cubrir con los recursos del Presupuesto 2019. Señaló que conversó con el ministro de Hacienda, Benigno López, y que este le manifestó que iba a hacer una mesa de diálogo para suplir las necesidades extremas del Ministerio Público. Esto, luego de la decisión del Ejecutivo de vetar el pedido de ampliación presupuestaria.
