El plan parte de una constatación básica, nuestro ordenamiento y buen comportamiento a nivel macro en los últimos 18 años nos ha permitido enfrentar esta inédita y profunda crisis con cierto margen de maniobra para atenuar el impacto.
El tema es que en pocos meses prácticamente hemos consumido todo ese margen que teníamos. Y necesitamos volver a construir unas bases sólidas en lo macro que, como siempre, es una condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo.
Una parte muy significativa de lo que habíamos construido anteriormente, tenía que ver con una coyuntura internacional favorable, en particular por el precio de los commodities, que ya se acabó hace varios años. Y desde ese momento no nos queda otra opción que realizar los ajustes postergados desde hace tanto tiempo.
Esta crisis ha adelantado aún más la urgencia de las tan mentadas reformas, que son planteadas ampliamente en el plan de reactivación presentado.
Los datos disponibles nos muestran que nuestro futuro inmediato solo se irá complicando peligrosamente si no logramos avanzar con varias de estas reformas, como la del servicio civil, las compras públicas, en salud y educación solo por mencionar algunas de las principales.
Sin embargo, el plan no habla mucho de la tremenda capacidad de gestión política que se debe ejercer para avanzar con rapidez en las reformas mencionadas. Sin una acción audaz y directa al más alto nivel del Gobierno, poniendo en juego todo el capital político que pueda tener, las posibilidades de adelantar efectivamente serán probablemente muy bajas.
El plan también contempla acciones que intentan mejorar la competitividad del país, apuntando a la mejora del clima de negocios. Es decir, plantea al fin cuestiones vinculadas a lo micro, a la facilitación de trámites y eliminación de trabas que tanto complican la vida de las empresas de todo tipo.
Acá el margen de acción sea probablemente mayor y se trata fundamentalmente de mucha capacidad de gestión, y coordinación interinstitucional para eliminar una enorme cantidad de trabas y procedimientos que dificultan el funcionamiento de las empresas, a través de las cuales se crean finalmente los tan necesarios empleos y crecimiento económico.
Esto último exige un fuerte liderazgo para forzar y obligar los cambios, muchos de los cuales no necesitan precisamente de nuevas leyes, sino fundamentalmente de decisión e implementación concreta.
Por otro lado, hay que entender que este plan, que se muestra bastante completo, se presenta en un contexto de enorme desconfianza hacia la clase política en general y hacia el Gobierno en particular.
Es que ciertos hechos de corrupción, que penosamente han sido tan comunes desde hace tanto tiempo, en estas situaciones de encierro obligado y fuerte crisis, se vuelven insoportables y generan rabia y hartazgo que van creciendo día a día.
Y peor aún, la sensación de impunidad y de total injusticia que se ejemplifica muy bien con la prisión decretada para aquella persona que había robado unos pomelos de una propiedad, versus una actuación fiscal pobrísima en tantos casos emblemáticos y unos jueces que dictan medidas alternativas de prisión a figuras bien identificadas que habían invadido la franja de protección de Itaipú deforestando totalmente unas 11 hectáreas.
En ambientes de alta desconfianza social se vuelve extremadamente complicado poder avanzar de manera articulada. Y la tendencia es que cada sector se preocupe por lo suyo, sin ese enfoque vinculante tan necesario en la construcción de bienes públicos que nos beneficien a todos.
Combatamos ese cáncer de la desconfianza con acciones responsables y señales claras. Tenemos que movernos hacia adelante.
