Miguel Corrales, presidente de Apesa, indicó que la citada ley vigente “es atentatoria a la libertad de competencia y así lo ha expresado claramente la Conacom (Comisión Nacional de la Competencia) y, por tanto, debe ser derogada como está establecido en el nuevo proyecto de ley de estabilización de los combustibles”.
Indicó que la Ley 6900 solo otorga el subsidio a Petropar, empresa del Estado que solo representa el 8% de las estaciones de servicio en el Paraguay. Subrayó que el volumen que maneja la estatal solo le permite llegar a 3 de cada 10 personas en el país, con lo cual no está en condiciones de cumplir con su objetivo de beneficiar al consumidor y de contener la inflación.
Agregó que es ante esta situación que los operadores de servicentros están a disposición de la ciudadanía para ser más eficientes en dicho objetivo y que el subsidio sea para los consumidores, no solo para una empresa y un grupo reducido de sus operadores.
Corrales dijo que el sector considera que la ley vigente debe ser derogada porque está amenazando puestos de trabajo de más de treinta mil personas en la cadena de valor de la importación, distribución y comercialización del combustible, como también puede llevar a la quiebra a más de dos mil operadores.
“Como sector privado afirmamos que no queremos subsidio. El subsidio dispuesto en la ley es para los consumidores. Respetamos esa intención del Gobierno con el objetivo de mantener la inflación y favorecer al costo de los productos para el consumidor. Por lo que manifestamos que si va a haber un subsidio el mismo debe ser a todos los emblemas que comercializan”, sentenció.
FONDO. Por su parte, el ingeniero Guillermo Parra, gerente de Dicapar, refirió que fue el Ejecutivo el que en principio planteó la ley del fondo de estabilización y ellos como empresarios aceptaron al ver la posibilidad de amortiguar de alguna manera la suba de los precios internacionales.
Añadió que están absolutamente de acuerdo con los sectores en que el subsidio es negativo. “Nosotros no hemos solicitado nunca el subsidio para los combustibles, ni siquiera lo ha solicitado el Ejecutivo porque esta ley vigente, la 6900, surgió de unas negociaciones bajo presión y que no alcanzó los objetivos porque solo beneficia a tres de cada diez paraguayos y no ha contenido el aumento de los precios ni la inflación, sino poner en serio peligro los puestos de trabajo de treinta mil personas y sus familias”, enfatizó.
Parra apuntó que dejaban en claro que no quieren el subsidio, sino reglas claras de igualdad de competencia y que todas las personas puedan acceder a los combustibles a precios parecidos. Consideró que la nueva ley que está siendo tratada corrige los defectos mencionados y apoyan su sanción porque entienden que “de dos males, es el mal menor, ante la existencia de un precio artificial que debe ser para todos”. Puntualizó que la gran diferencia con la nueva ley es que crea un fondo y no un subsidio, a través de un fideicomiso que se va a retroalimentar a través del Impuesto Selectivo al Consumo.