Ahora, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz no descarta procesar por violar la cuarentena al empresario Juan Galeano Grassi, quien ayer se presentó a prestar declaración indagatoria.
El empresario gastronómico es parte del Núcleo de Empresas Gastronómicas del Paraguay y había participado en la caravana de vehículos realizado el pasado 3 de junio que inició en la Costanera de Asunción, y terminó con una manifestación frente al Panteón de los Héroes.
Cientos de vehículos participaron de este evento que convocó a grupos de organizaciones civiles y ciudadanos en general, como protestas en contra de los masivos hechos de corrupción que saltaron a la luz pública en los últimos meses en las compras para enfrentar el coronavirus.
Además, se reclamó los robos en entidades públicas y privadas de autoridades en plena pandemia por el Covid-19, utilizando los recursos de los insumos de seguridad.
Anteriormente, el fiscal ya había imputado a María Esther Roa, representante de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) y también otras siete personas más fueron procesadas por violación de la cuarentena.
Grassi, a través del Twitter, cuestionó ayer la actuación del Ministerio Público. “Mientras los ladrones que saquearon el @Msaludpy siguen libres y el país se va por la borda económicamente, el @Minpublicopy me imputa por haber convocado a una caravana contra la corrupción e impunidad. Pueden imputarnos a todos, no vamos a parar”, advirtió.
Varios otros empresarios dieron su apoyo al representante gastronómico.
La abogada Esther Roa se había referido a las investigaciones penales como selectivas y direccionadas por la clase política y había criticado el actuar del Ministerio Público, ya que le citaron en menos de 30 horas.
NUEVA CARAVANA. Haciendo caso omiso a las imputaciones, para el 22 de junio están convocando a una nueva caravana “libertadora”, en donde repudiarán los casos de Itaipú, la ANDE, y específicamente apuntando a que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, renuncie.
“La Fiscalía nunca va a cumplir su rol constitucional si no tenemos frente a esa institución funcionarios que representen los intereses de la ciudadanía y del Estado”, expresó Roa en una nueva convocatoria.
