El senador cartista Óscar González Daher sigue escudándose en su inmunidad para creerse intocable por la justicia.
Ayer el luqueño apareció en la Cámara Alta y estuvo refugiado en la oficina de su colega y correligionaria Lilian Samaniego, vicepresidenta segunda del Senado.
A su salida, fue abordado por la prensa, con la que se mostró nuevamente esquivo. Se retiró a las apuradas y acompañado de guardias.
“Hetaitereíma ñañe’e (mucho ya hablamos) por estos días”, se excusó ante las consultas de los periodistas.
Se le preguntó sobre el allanamiento a una de sus residencias, el jueves pasado. El operativo estuvo a cargo del fiscal René Fernández.
“No sé si correspondía o no, pero lo mismo hicieron. Yo creo que hay inmunidad. Ustedes saben eso”, refirió.
En el domicilio del parlamentario en Luque funciona la empresa Príncipe de Savoia SA, que sería de maletín. El monto indagado por más de US 10 millones. González Daher, quien estaba participando de la sesión de la Cámara Alta el jueves, se había reiterado raudamente cuando tuvo conocimiento del allanamiento a su propiedad.
Prácticamente hizo correr al fiscal Fernández, quien al final supuestamente no sabía que la residencia le pertenecía al legislador. Sin embargo, de acuerdo justamente a una investigación que realizó este diario años atrás, ya había salido a luz ese dato.
El luqueño negó tener propiedades en el Chaco. “No tengo en el Chaco nada”, alegaba mientras se abría paso.
Al ser consultado sobre la insistencia de los autoconvocados indignados sobre su pérdida de investidura se limitó a señalar: “¿Qué quieren que haga?”, y se retiró por el ascensor. Volvió a evadir la consulta como hace días atrás sobre la posibilidad de su renuncia.
Anteriormente, cuando se le preguntó sobre ese mismo tema no quería hablar. Tampoco mencionó si hubo una conversación familiar sobre el asunto.
El parlamentario vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y en esa misma línea está su colega del Unace Jorge Oviedo Matto. Ambos habían quedado sin investidura en diciembre pasado.
Los dos eran representantes del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y se vieron involucrados en una serie de audios que hacían referencia al tráfico de influencias.