El ex senador colorado Óscar González Daher, un poderoso caudillo que manejaba los hilos del poder en Luque y en varias estructuras del Estado, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya presidencia ocupó hasta diciembre de 2017, quedó preso anoche en la Agrupación Especializada. Ello, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero. Igual suerte corre su hijo Óscar Rubén González Chaves.
El fiscal René Fernández solicitó la prisión preventiva y antes dictó la orden de detención de los encausados.
También a pedido de la Fiscalía, el juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de todos los bienes inscriptos de los políticos colorados mencionados y de toda suma de dinero, títulos, créditos o valor colocados en las entidades financieras locales y la inhibición general de vender y gravar bienes contra los imputados.
Así como también resolvió que se libren oficios a la Dirección General de Registros Públicos y a la Superintendencia de Bancos, para la comunicación del embargo de los mismos.
El ex senador –quien renunció el pasado 29 de agosto a su cargo de senador– decidió presentarse pasadas las 14.00 ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción junto con su abogada Sara Parquet, en tanto su hijo fue con su representante legal Cecilia Pérez, ex viceministra de Política Criminal.
Ambos se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante el agente anticorrupción.
IMPUTACIÓN. El Ministerio Público inició la investigación penal, fundado en un informe proveniente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el pasado 20 de agosto.
Según refiere el escrito de imputación, la Seprelad reportó operaciones sospechosas con relación a los procesados que no condicen con las ganancias declaradas como producto de su actividad económica.
González Chaves tuvo un ingreso total por valor de G. 3.330.345.143, también realizó inversiones en diferentes entidades financieras nacionales que suman aproximadamente G. 12.105.222.000. Sin embargo, el fiscal refiere que dichas sumas de dinero y bienes adquiridos pertenecerían al ex legislador, quien a través de la firma Príncipe Di Savoia podría estar encubriendo la verdadera titularidad de esas propiedades que forman parte del patrimonio de dicha firma.
