Es decir, el ex parlamentario –quien decidió renunciar tras estar en el poder desde el año 2003– omitió declarar la existencia de 52 bienes inmuebles ante el órgano contralor en el año 2008. Los mismos están situados en Luque, San Bernardino, Itá y en Asunción, detalla otra parte del escrito fiscal. La misma situación se repitió en los años posteriores.
El político colorado obvió señalar también que contaba con cuentas corrientes y de ahorro en el Banco Atlas, Sudameris, Continental y asimismo, omitió detallar un vehículo de la marca Toyota Hilux D/C, que poseía en ese momento.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera alegan en el requerimiento conclusivo que en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2008 al mes de setiembre de 2018, González Daher obtuvo depósitos en sus cuentas, tanto en efectivo como en cheques, acrecentando su patrimonio, que no pueden ser justificados, atendiendo sus legítimas posibilidades económicas.
De acuerdo a su declaración jurada presentada en el año 2008, el mismo contaba con un patrimonio neto de G. 13.152.000.000. Sin embargo, según los informes proveídos por la Contraloría, la Subsecretaría de Estado de Tributación y otras instituciones públicas, el mismo contó, desde ese momento hasta setiembre de 2018, con un ingreso legal que totalizaba la suma de G. 3.873.009.676.
Firma fantasma. Por otra parte, los investigadores señalan que la empresa Príncipe Di Savoia –la misma que ÚH identificó que pertenecía al poderoso político cuando publicó en el 2010 el caso de evasión de impuesto inmobiliario de unos 65 inmuebles, a través de la adulteración de datos en el sistema informático de la Municipalidad de Luque– fue integrada con un capital inicial de G. 500.000.000, emitidos por 500 acciones de G. 1.000.000 cada una, siendo González Daher director titular y su hijo Óscar González Chaves presidente. Aunque en realidad los accionistas eran otros, quienes según los intervinientes no reunían los perfiles económicos, por lo que se trataría de meros prestanombres.
Finalmente, recalca el escrito fiscal que dicha firma era una empresa de fachada, utilizada para justificar el movimiento de dinero, que ni siquiera poseía en su cuenta bancaria y las cantidades de operaciones de alquiler que realizaba y administraba.
González Daher y su hijo fueron acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
