Según la investigación fiscal, la empresa Principe di Savoia SA, que sería de maletín, tiene como empleados a varios parientes y allegados del senador cartista Óscar González Daher.
Se trata de los hijos del legislador, Óscar Rubén González Chaves y María Emilia González Chaves, quienes junto a su padre figuran como propietarios de dicha firma, dedicada al rubro inmobiliario, que había realizado operaciones por más de 10.000.000 de dólares, según comentó el interviniente.
También tiene vínculos comerciales con el legislador el ex juez en lo Civil y Comercial de Luque, Juvencio Torres, quien en el 2013 fue destituido por mal desempeño en sus funciones.
En agosto de 2010, a través de una investigación de este diario, dicha inmobiliaria ya había sido foco de investigación, por evasión de impuestos.
Torres primeramente negó todo tipo de relación con el legislador, luego admitió que forma parte de la sociedad anónima.
Según la investigación periodística, la vinculación entre el ex magistrado y el polémico parlamentario data de la universidad, donde fueron “compañeros de estudio”, según explicó Torres, quien también fue su abogado en el famoso caso del Mercedes-Benz mau hallado en poder de González Daher, y que terminó con la carrera del fiscal Alejandro Nissen en el 2003.
Además figura como síndico de la empresa Luis Fernando Talavera Tarragó, quien fuera candidato a senador por la Lista 999 Movimiento Cruzada Nacional, cuyo líder es el abogado Paraguayo Cubas, según confirmaron desde el Ministerio Público.
Asimismo, también formarían parte de la inmobiliaria Mario Ramón González Daher (hermano del legislador), su esposa Delcia María Karjallo de González y el hijo de ambos, Fernando Ramón González Karjallo.
Finalmente, también se encuentran en la mira del Ministerio Público los funcionarios de la Cámara Alta Ada Rosalina Cazo Barrios y Pedro Martínez Silva.
DILIGENCIAS. El fiscal anticorrupción René Fernández pidió a la Contraloría General que remita la declaración jurada del senador González Daher, de sus hijos, además de Martínez Silva y, finalmente, de Torres Noceda. Pidió desde el año 2008 hasta la fecha, debiendo enviar dicho informe al juzgado de Gustavo Amarilla en el plazo de cinco días hábiles.
El interviniente, entre las diligencias que hacen a la investigación penal, requirió a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) si las personas investigadas (ver infografía) son o han sido contribuyentes respecto a cualquier obligación impositiva.
Resaltó en su escrito que pide detalles de declaraciones, balances y auditorías externas de los impuestos que deberán ser expedidos en ocho días hábiles.
