Esta decisión se tomó tras la incautación de 20 avionetas sospechadas de estar vinculadas al narcotráfico, que hizo la Fiscalía meses atrás en los hangares de Luque y Pedro Juan Caballero. De acuerdo con la Dinac, en las investigaciones posteriores realizadas se detectó que muchos propietarios de aviones inscriptos en el registro de aeronaves del ente aeronáutico no son personas con capacidad económica para ser propietarios de aeronaves, según se evidenció en el Registro Aeronáutico Nacional (RAN).
Se corroboró que no pueden tener aviones cuyos precios mínimos son de USD 150.000. Algunos interrogados incluso manifestaron no ser dueños de las máquinas. Por ese motivo se presume de un lavado de dinero y que formaría parte no solo de un esquema nacional, sino también internacional.
El acuerdo suscripto tiene por objetivo brindar informaciones a Seprelad para que este organismo cumpla sus responsabilidades de brindar las informaciones sobre los eventuales dueños de aeronaves que deseen en el futuro inscribirse en el registro de aeronaves de la Dinac, como nuevos propietarios.
Se intercambiarán datos entre ambas instituciones a fin de comprobar si los propietarios de las aeronaves poseen la solvencia económica para adquirir o vender aviones, detectar el origen de los fondos y si los dueños tributan sus impuestos de manera a evitar lavado de dinero o blanqueamiento de activos de capitales.
IRREGULARIDADES. La investigación demostró que las aeronaves incautadas eran importadas desde Estados Unidos, ingresaban al país sin pagar impuestos y sus matrículas eran clonadas. Además contaban con certificados de aeronavegabilidad y seguros supuestamente vigentes. Por ende, se concluye que varios funcionarios de la Dinac estuvieron involucrados.
Un ejemplo de la clonación se constató en una aeronave Cesnna 182 matrícula ZP-BAL, que tenía como dueño al brasileño Wagner Santulaho (ya fallecido), pero cuyo serial corresponde a la matricula brasileña PT-ILS perteneciente a Renato Costa.