El director de la dependencia de Empresas Públicas en Hacienda y actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, aseguró ayer que los polémicos sobresueldos que reciben actualmente los funcionarios de las empresas públicas se debe, principalmente, a la falta de resolución en cuanto al ejercicio de propiedad de las entidades.
El vocero del Ejecutivo explicó que el histórico problema radica en que la gran mayoría de los titulares de las compañías estatales que negociaron los contratos colectivos con los sindicatos son funcionarios permanentes de esas entidades, por lo que también se vieron favorecidos con los beneficios salariales adicionales.
Según el Gobierno, estas gratificaciones ocasionales le cuestan al Estado unos USD 75 millones al año; solamente entre ANDE, Petropar e INC se embolsaron entre el 2015 y el 2019 unos USD 291,7 millones. Algunos de los beneficios más polémicos son ayuda vacacional, pago por disponibilidad y el subsidio del 50% en el pago de luz, entre otros.
“Se puede decir que eran juez y parte. Es que en el pasado, la mayoría de las autoridades que firmaron los contratos colectivos como titulares de las empresas públicas eran en realidad empleados de la empresa. Entonces, muchos de ellos, después de dejar de ser la máxima autoridad, siguen en esa empresa y cobran esos beneficios”, expresó.
Brizuela cuestionó además que, según los datos oficiales, el 70% de los funcionarios que conforman el plantel de las empresas públicas no se sometió a concursos para acceder al cargo, pero a pesar de eso los millonarios beneficios salariales no pararon de crecer en los últimos años.
Señaló que el Gobierno buscó solucionar estos problemas mediante el proyecto de ley de gobierno corporativo, pero este documento fue retirado del Congreso tras las críticas ciudadanas.
Adelantó que el Consejo de Empresas Públicas se reuniría nuevamente el 20 de este mes, sesión en la que pretenden tener las conclusiones de la revisión iniciada a los beneficios adicionales hace unos días.
RESTRICCIÓN
La polémica por el pago de los beneficios empezó tras las limitaciones que impuso el Ejecutivo mediante el reglamento del Presupuesto 2020. Según la normativa, el desembolso por cada concepto incluido en el subsidio familiar no puede superar el salario mínimo. Además, el pago por cada rubro se podrá realizar solo una vez al año y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
Procuraduría revisará contratos
A pedido de la Dirección del Consejo de Empresas Públicas, la Procuraduría General de la República conformará un equipo para revisar los pagos extras que figuran en los contratos colectivos.
El objetivo es “controlar la existencia o no de beneficios que puedan incumplir alguna limitación legal”, dijo al respecto el procurador Sergio Coscia.
Aclaró que no se trata en realidad de una investigación, sino simplemente de una revisión de las nueve empresas que rinden cuentas al Poder Ejecutivo, entre ellas ANDE, INC, Petropar, Dinac, Copaco y Essap.
De acuerdo a Coscia, no hay un plazo para entregar los resultados, atendiendo a que no existe un marco normativo que lo establezca.
La primera reunión para coordinar los trabajos es hoy a las 9.00.
