25 oct. 2025

Gobierno tiene varias vacancias en RREE

El gobierno de Santiago Peña buscará llenar este año al menos 14 vacancias en cargos de embajadores y priorizará las de Israel y Venezuela tras el viraje político hacia estos dos países. Varias representaciones ya llevan tiempo sin ser cubiertas o que acaban de generarse y otras, que surgirán pronto con la jubilación de jefes de misión y de cónsules. A estos hay que agregar aquellos embajadores políticos a los que el presidente Santiago Peña dará por terminadas sus funciones antes de fin de año.

Las embajadas del Paraguay en la Argentina y en Israel se encuentran sin embajador desde marzo de 2021. La Embajada en Corea, sin embajador desde marzo de 2021; la Embajada en Cuba desde diciembre de 2021 y la Embajada en Catar sin embajador desde marzo 2022.

En el servicio exterior no se deja transcurrir demasiado tiempo para designar nuevo embajador en una representación diplomática como ocurre con estos casos. En los meses de transición entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y el actual de Peña, se mencionaron los nombres del ex ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y del ahora ex viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Raúl Silvero, como candidatos a embajador en Argentina.

Más contenido de esta sección
Durante el día de gobierno en la comunidad de Marina Cué, Departamento de Canindeyú, el presidente de la República, Santiago Peña, dejó entrever el desconocimiento de algunos miembros de su gabinete en especial de áreas sensibles como el Instituto Nacional del Indígena (Indi), institución en la que fue nombrado como presidente Hugo Samaniego por parte del vicepresidente Pedro Alliana. Reconoció que consultó a Alliana “quién es ese señor”.
El concejal del PPQ Álvaro Grau decidió renunciar a su candidatura a la intendencia de Asunción, mientras que Agustín Saguier analiza su continuidad, con lo que la interna en la alianza opositora en la capital quedaría entre Soledad Núñez y Johanna Ortega.
El titular del Congreso Nacional manifestó su conformidad con la reglamentación de la denominada ley antionegés o ley garrote, tras casi un año de su promulgación, y defendió el rol de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal.
La investigación patrimonial al jefe de Estado incluye pedidos de informes a casi una treintena de instituciones públicas y privadas, de modo a cruzar datos sobre la polémica fortuna del mandatario.
Tras una llamativa dilación de la Cámara Baja para remitir el polémico proyecto, que trabaría el acceso a la información pública, ya queda en la cancha del Senado. Luego depende del Ejecutivo.