El último reporte del Ministerio de Hacienda indica que la administración de Mario Abdo Benítez tiene una cartera de créditos externos que alcanza los 5.025,7 millones, la gran mayoría proveniente de organismos multilaterales.
El reporte da cuenta que de ese total están en la actualidad disponibles unos USD 3.537,9 millones que hasta la fecha no han sido desembolsados. Esto, pese a que varios contratos datan incluso del periodo comprendido entre el 2008 y el 2013.
Entre los acreedores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el de mayor peso, con una cartera de USD 2.006 millones y un saldo pendiente de desembolso que llega a los USD 1.336,8 millones. En la lista lo sigue el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con una cartera de USD 1.492,1 millones y un remanente de USD 1.060,9 millones que aún quedan por utilizarse; y completa el podio el Banco Mundial, con créditos ya aprobados por USD 635 millones y un saldo de USD 532,3 millones (ver la infografía).
El pasivo paraguayo llegaba a los USD 9.498,7 millones antes del inicio del distanciamiento social impuesto por el Gobierno Nacional para frenar el avance del coronavirus, lo que representaba el 23,8% del PIB. Sin embargo, tras la emisión de bonos y los préstamos contraídos por la Ley de Emergencia, la deuda pública alcanzó los USD 11.000 millones y está al borde del límite considerado como razonable, según los cálculos preliminares hechos por el Fisco.
Recuperación. Pese a esta enorme disponibilidad que puede ser redireccionada, el Gobierno está analizando la posibilidad de tomar un nuevo crédito para financiar parte del plan de reactivación, lo que además de ubicar el pasivo en niveles de alerta, puede elevar más el déficit fiscal al cierre del año.
Desde el Ministerio de Hacienda insistieron ayer en que todavía no está definida la toma de nueva deuda, decisión que se tomará en la nueva reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) la semana que viene.
En principio, la cartera había dicho que necesitaría un máximo de USD 500 millones, aunque tras la crítica generalizada de la gente, se desechó esta opción. Sin embargo, en un encuentro con el empresariado el lunes pasado, el ministro Benigno López reflotó esta posibilidad.
El plan de reactivación contempla una inyección de entre USD 2.000 y USD 2.500 millones, mediante tres ejes centrales: inversión en obras públicas; financiamiento para inversión privada y viviendas; y finalmente inclusión social.
Recorte salarial y reforma fiscal
Los ingresos sufrieron una dura caída por efectos del coronavirus, por lo que el Gobierno probablemente necesite nueva deuda para financiar el plan de reactivación, sostuvo la economista Gladys Benegas.
La analista sugirió a Hacienda aplicar un recorte de remuneraciones a todo el funcionariado, de modo a calzar el Presupuesto Público. De acuerdo con su criterio, con una disminución general del 10% se podría ahorrar USD 400 millones en un año.
Para el directivo del Cadep Fernando Masi, si se aplica un recorte, el mismo debe ser progresivo en base al nivel del sueldo, aunque dijo que eso no será suficiente. Subrayó que es necesaria una reforma fiscal, con una mayor carga para sectores ricos, limitar las exoneraciones y modificar el régimen del IRP, entre otros.
