Editorial

Gobierno debe hallar solución para el drama de la inseguridad

La inseguridad afecta a la ciudadanía a diario en distintos ámbitos. Atracos a plena luz del día para robar carteras o teléfonos celulares están a la orden del día y tienen como víctimas a personas indefensas; asaltos con motivo de robo en comercios, lo mismo que atentados perpetrados por el crimen organizado y ya no solo en la frontera, son algunos de los hechos que configuran nuestra alarmante realidad. Una mención especial se merecen las personas secuestradas por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Frente a eso, el Gobierno se muestra imperturbable y no ofrece alternativas de solución, pese a las promesas formuladas por los encargados de la seguridad. Los paraguayos tienen derecho a vivir seguros y a estar en las calles sin temor. El Gobierno debe dar respuestas a la ciudadanía.

Cuando en el mes de setiembre se cumplió un año del secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, por el EPP, sus hijas habían publicado una carta con justificadas críticas al gobierno de Mario Abdo Benítez. Lo acusaban de incompetencia por no tener resultados sobre la suerte de los tres secuestrados. “¿Qué más podemos esperar en Paraguay? ¿Qué seguridad tenemos como paraguayos de salir a las calles libremente?”, interpelaban.

La misma razonable pregunta se hacen los paraguayos cada día, al dirigirse al lugar de trabajo o al estudio, siendo conscientes de la situación de indefensión ante la ola de inseguridad.

Asaltos violentos a peatones, robos de vehículos, asesinatos por encargo y robos a comercios ya forman parte de la rutina informativa y no parece vislumbrarse una luz al final del túnel.

Uno de los últimos casos reportados es el de una mujer mayor que sufrió un violento asalto por parte de dos adolescentes, de 15 y 17 años, quienes le arrancaron la cartera que contenía sus medicamentos y su cédula de identidad. La víctima sufrió golpes en el codo y la rodilla, tras ser empujada por los menores. El asalto sucedió a tan solo dos cuadras de la Comisaría 9ª Metropolitana, de Asunción. Y en este punto amerita repetir la pregunta formulada por las hijas de Óscar Denis: “¿Qué seguridad tenemos como paraguayos de salir a las calles libremente?”, interpelaban.

Por parte de los encargados de la seguridad seguimos sin obtener respuestas. “Si no hay resultados, vamos a dar también un paso al costado. La exigencia es generar resultados para todos y nosotros a todas aquellas dependencias”, había afirmado hace tres meses el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, al ser cuestionado por la inseguridad que vive el país. Después de 60 días no solamente no se ven atisbos de que la situación haya mejorado, sino todo lo contrario, y hoy somos testigos de una seguidilla de asaltos y robos en los últimos días.

Ante las críticas, la Policía Nacional acostumbra a anunciar la implementación de operativos para combatir la inseguridad y mencionan como una panacea el uso de la tecnología. Pero no son más que vanas promesas, ya que según datos de la propia institución, solo el 60% de las cámaras del Sistema 911 funcionan, pues la totalidad de ellas precisan mantenimiento.

Según el Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay, más de la mitad de la población ya ha sido víctima de la delincuencia criminal, y solamente cuatro de cada diez afectados deciden denunciar el hecho, por no tener confianza en la Policía, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, por considerar que están muy afectados por la corrupción y no cumplen debidamente su función. Revertir esa falta de confianza y de credibilidad en los poderes del Estado será una tarea difícil de lograr, pues se requiere no solo una tarea coordinada, sino elevados niveles de compromiso, pues se requiere la formulación e implementación de políticas públicas acordes con la dimensión del problema.

El Gobierno ya no puede seguir eludiendo su responsabilidad ante el drama de la inseguridad, y dejar en el actual estado de abandono a la ciudadanía.

Dejá tu comentario