Las imputaciones corresponden a las facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre pasado, cuando entró en vigencia una resolución que apuntó a prohibir la inclusión de tasas municipales e impuestos provinciales.
La decisión de la Secretaría de Industria y Comercio surge como respuesta a las reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales.
La prohibición, que se complementa con las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), abarca a las empresas de servicios públicos de todo el país y a quienes comercializan bienes, las cuales solo podrán incluir en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio.
La secretaría abrió 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma, en base al ingreso de 2.705 reclamos.
Según informó la Secretaría de Industria y Comercio, se imputaron empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
SERVICIOS PÚBLICOS. Entre las 95 empresas imputadas se encuentran las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, Edenor, Edesur (de la italiana Enel), Energía San Juan (del español Grupo Naturgy), Gasnor (Naturgy), Natrugy Ban y Metrogas (de la estatal YPF).
A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo, tras lo cual, la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, con multas de hasta 2.130 millones de pesos (2,13 millones de dólares).
DESREGULACIÓN. El Gobierno desreguló el servicio postal para fomentar la competencia, al quitar trabas al ingreso de nuevos oferentes que compitan con el estatal Correo Argentino, según se conoció este lunes en un decreto publicado en el Boletín Oficial. “Con esta decisión se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores”, informó el Ejecutivo.
El Gobierno intentó ubicar a Correo Argentino -con 1.400 sucursales- entre las empresas a privatizar, pero logró apoyo del Congreso.
