La Cámara de Senadores otorgó media sanción a un proyecto de ley mediante el cual se aprueba el pago de aproximadamente USD 100 millones en concepto de intereses moratorios adeudados a las constructoras por certificados de obra.
Se trata de los intereses que quedaron pendientes de pago ya desde la administración anterior, luego de que el Gobierno de Santiago Peña haya emitido unos USD 600 millones para saldar las obligaciones acumuladas con las vialeras.
De acuerdo con el documento, que ahora debe ser estudiado en Diputados, los recursos para financiar este pago se conseguirán a través de la emisión de títulos de deuda del Tesoro; es decir, mediante una nueva colocación de bonos soberanos ya sea en el mercado local o en el internacional, en moneda nacional o en dólares.
Aclara que se autoriza el reconocimiento de intereses pero con una tasa máxima del 9,9%, mientras que la contabilización del monto deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la normativa.
“El acogimiento al presente régimen por parte del proveedor consultor o contratista implicará la aceptación expresa de las condiciones establecidas en la presente ley y renuncia a reclamar, en sede administrativa o judicial, cualquier monto adicional intereses, recargos o conceptos accesorios vinculados a los certificados comprendidos en el presente artículo”, añade el documento.
Una vez concretado, el Poder Ejecutivo podrá incorporar el monto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), mediante una modificación presupuestaria excepcional.
“Está vinculado a esos casi USD 100 millones de intereses reclamados por el sector de infraestructura vial. Nosotros estábamos viendo que necesitábamos una autorización legislativa, o sea, una ley para poder avanzar en esa cancelación. Ahora va a Diputados”, señaló al respecto el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera, en una reciente entrevista con ÚH.
El ministro también recordó que para lo que resta de este año aún se prevé la emisión de cinco títulos de deuda en el mercado local, luego de la primera que fue concretada en abril pasado, con una colocación de aproximadamente USD 110 millones.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que el objetivo es dar “una solución legal” a un problema que afecta a uno de los rubros más sensibles para el desarrollo del país, como son las obras de infraestructura.
“En nuestra economía, uno de los motores de dinamismo han sido las obras públicas, mediante las cuales se dota al país de infraestructuras en salud, hospitales nacionales, USF, entre otros), educación (escuelas colegios y centros de enseñanza), comunicación (aeropuertos, accesos, rutas nacionales, departamentales, puentes y accesos viales) justicia (centros penitenciarios) entre otras y que nuestro país necesita contar para su desarrollo sostenible”, detallan a su vez los proyectistas.
Recuerdan que, en la actualidad, el Gobierno arrastra deudas con las empresas constructoras, generando intereses moratorios, pero sobre todo causando “fricciones sociales y económicas que afectan la cadena de pagos en la economía nacional, perjudicando a todos los prestadores de servicios afines a la construcción, a los proveedores de materiales y equipos de construcción”.
“Es necesario contar con un instrumento legal que zanje esta difícil situación no solo jurídica y social y sobre todo económica. La presente situación en el pasado, ha sido llevada ante instancias judiciales donde se ha dado la razón a los acreedores que cuentan con un respaldo de contrato de buena fe, por lo tanto, la presente iniciativa legislativa serviría también para evitar gastos al Estado ante los estrados jurisdiccionales”, concluyen en el texto.
Además de esos casi USD 100 millones que se adeuda a las constructoras por los intereses, el Gobierno aún tiene pendiente saldar aproximadamente USD 250 millones de deudas acumuladas con el sector de infraestructura, pero en este caso está previsto que se haga a través de la implementación del instrumento de factoraje o cesión de derechos sobre el cobro, lo que implicaría otra nueva deuda, a un plazo de 36 meses, permitiendo liquidez en el corto plazo, pero generando presión sobre las finanzas públicas más adelante.
Bicicleteo de la deuda pública creció 81% a abril
De acuerdo con el informe de la Situación Financiera de la Tesorería General, el Estado ya destinó G. 4 billones (USD 657 millones al tipo de cambio del cierre de abril) para el pago de la deuda pública al primer cuatrimestre, un crecimiento interanual de 22,1%. Dicho aumento se registró con todas las fuentes de financiamiento, mientras solo con Fuente 20, de los créditos públicos, las transferencias ya crecieron hasta 81,4%.
