El negocio apunta directamente a la empresa vinculada al ex presidente Horacio Cartes.
Una comitiva de Inteligencia de Brasil y de la Policía Federal vendrán a Asunción para mantener otra reunión con Giuzzio por el tema del crimen organizado y el tráfico de cigarrillos.
Las autoridades brasileñas tomaron nota de la denuncia realizada por el ministro del Interior ante el Congreso, donde acusó a Cartes de formar parte de un esquema de la mafia del contrabando de cigarrillos en la región y sus conexiones con el lavado de dinero.
Los investigadores están interesados en tener más elementos para determinar si hay apertura de investigación desde Tributación de Brasil.
la carpeta. Giuzzio abrió una abierta guerra contra Cartes luego de exponer una denuncia ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. No lo hizo ante el Ministerio Público por la falta de confianza hacia la fiscala general Sandra Quiñónez, acusada de cajonear las denuncias contra el ex presidente y su equipo político.
El ministro del Interior explicó que la investigación de las operaciones del Grupo Cartes fue denominado Michael Jackson porque trata de un esquema de blanqueamiento utilizando el esquema financiero del Banco Basa.
Relató que el negocio del contrabando de cigarrillo está vinculado con Roque Fabiano Silveira, condenado en Estados Unidos y considerado como jefe del tráfico en Paraguay.
Este nombre ya había aparecido durante la investigación en Brasil denominado Patrão, donde se involucra a Darío Messer, hermano del alma de Cartes.
Giuzzio sostuvo que la ruta del contrabando de cigarrillos guarda relación con el grupo criminal del Primer Comando Capital (PCC) que opera en Paraguay y en Brasil.
En el informe presentado ante la Comisión Permanente del Congreso, el secretario de Estado expuso que Tabacalera del Este declaró ventas por la suma de USD 1,1 billones. De esta cifra, solamente USD 47 millones corresponden a exportación.
reacción tardía. La Fiscalía General del Estado tuvo una reacción tardía en abrir una investigación ante la denuncia presentada por el ministro del Interior. Recién lo hizo cuando en el Congreso empezaron a reflotar la idea de impulsar un juicio político contra la fiscala general Sandra Quiñónez, a quien acusan de ser protectora y no investigar nada que esté vinculado a Cartes y su equipo político.
Justamente el sector de Honor Colorado cerró filas en apoyo y rechazo al enjuiciamiento, mientras que el oficialismo resolvió avanzar con el proceso y la destitución de Quiñónez siguiendo las denuncias en su contra.
Uno de los fiscales designados por Quiñónez para investigar a Cartes es Osmar Legal, a quien se le acusa de tener vínculos con Ricardo Preda, uno de los abogados del ex presidente. El propio ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senad), René Fernández, afirmó que el fiscal debe apartarse de la causa. Hasta el momento no hay novedades sobre una decisión institucional desde el Ministerio Público.
El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, retornó de Argentina y se espera que pueda presentar ante la Fiscalía nuevos elementos para avanzar en la investigación contra el ex presidente de la República, cuyos abogados desacreditaron las denuncias y consideraron que forman parte de la guerra política por las internas.