Somos de los países del mundo con la menor tasa de infectados y fallecidos por millón de habitantes, lo cual sin dudas habla de una estrategia temprana, oportuna y efectiva para evitar el colapso de los sistemas de salud con terribles consecuencias en vidas humanas que hemos visto en tantos países de América, Europa y Asia. Dicha estrategia también se sustentó en un comportamiento ciudadano que en términos generales fue ejemplar para respetar los protocolos y medidas impuestas.
Esta historia aún no ha terminado y en paralelo al proceso de reapertura, debemos continuar con esa conducta responsable y cuidadosa de todos nosotros, que determinará en gran medida qué tan rápido podremos recuperar casi en su totalidad toda la dinámica socioeconómica que hemos perdido a partir de la aparición del Covid-19.
Sin embargo, este gran logro en lo sanitario a partir de las medidas de distanciamiento social y paralización de las actividades deja enormes consecuencias sociales y económicas que deben ser atendidas con mucha urgencia.
Necesitamos enfocarnos en el proceso de reactivación lo más rápido posible para buscar la recuperación de empleos y que la máquina productiva empiece a girar con más fuerza.
En dicho sentido, es evidente que la inversión pública, particularmente en el desarrollo de infraestructura y viviendas, será un gran impulsor por todo el potencial multiplicador que tienen estos sectores en la economía y en la creación de empleos directos.
Pero también precisamos implementar con mucha agresividad medidas de tipo más administrativas incluso, que busquen eliminar la enorme cantidad de trabas burocráticas que persisten para hacer negocios en el país.
Existen cientos de medidas y requisitos absurdos en tantos sectores, que no tienen razón de ser y que pueden ser corregidas de inmediato buscando generar mejores condiciones para el funcionamiento de miles de empresas de todo tipo en el país.
Pero de ninguna manera debemos olvidar que el Estado que tenemos se ha vuelto sumamente disfuncional para el desarrollo y particularmente en momentos de crisis profunda como esta nos muestra la necesidad imperiosa de iniciar un proceso de reforma de manera decidida.
Hay varios temas que apuestan fundamentalmente a la reforma de la administración pública que venimos discutiendo desde hace rato, como la reforma del sistema de salud, educación, servicio civil, compras públicas, previsional, entre otras.
Sin embargo, hasta el momento solo se ha presentado un proyecto concreto al Congreso y que se refiere a la tan necesaria reforma de la función pública y la carrera del servicio civil.
Estos proyectos requieren por supuesto de una gran capacidad técnica para redactarlos, basados en evidencias de lo que funciona, tanto a nivel local como internacional.
Pero así también requieren de una fuerte dosis de gestión política en el proceso de discusión y eventual aprobación sin que las cuestiones centrales que se pretenden modificar sean mutiladas en el proceso legislativo.
Creo que estamos avanzando muy lentamente y sin la fuerza necesaria en este proceso. Y esto facilita enormemente la tarea de la resistencia a los cambios, que se organizan e intentan bloquear con mucha mayor efectividad los proyectos de reforma.
En el medio de lo peor de la crisis, la clase política siente la presión ciudadana y se muestra muy cauta en la toma de ciertas posturas y decisiones, pero tengo la sensación de que este sentimiento de presión se va diluyendo de a poco y creo que eso llevara a una automática vuelta a la lógica de siempre, en donde lo máximo que podremos lograr serán pequeños maquillajes para en realidad no cambiar nada.
No debemos permitir que esta presión y la consecuente gestión política se diluya más.
