EFE
ROMA. ITALIA
La dictadura militar argentina (1976-1983) fue “un verdadero genocidio” que se produjo con el pretexto de la “Guerra Fría”, promovido por Estados Unidos, y el silencio de la Iglesia Católica, según una sentencia hecha pública ayer en Roma.
La sentencia recoge los fundamentos jurídicos de la condena en rebeldía de los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febrés.
Los cinco fueron sentenciados a cadena perpetua el pasado 14 de marzo por la desaparición de los italianos Ángela María Aietta Gullo, Giovanni Pecorato y su hija Susana.
“La abundante instrucción ha permitido acreditar judicialmente lo que, por otra parte, era ya bien conocido históricamente: que entre 1976 y 1983 se instauró en Argentina una feroz dictadura militar que, con el pretexto de contrarrestar la guerrilla y de frenar la difusión de las ideas marxistas, llevó a término con métodos inhumanos un verdadero genocidio”, se dice al empezar la sentencia.
A partir de ahí y en noventa y seis páginas, el tribunal de Roma que juzgó a los militares hace una narración histórica de lo sucedido entre unos años antes del golpe y el fin del mismo con la inclusión de multitud de detalles aportados por los testigos.
DIFERENCIAS. Establece, por ejemplo, las diferencias entre la “ostentosa” dictadura chilena, que comenzó tres años antes con el “inútil y espectacular bombardeo de La Moneda”, y la “silenciosa, escondida y científica” dictadura argentina.
“La persecución política fue clandestina, sin camiones ni blindados. Buenos Aires parecía una tranquila ciudad en la cual la vida proseguía normalmente, hasta el punto de que, al menos al principio, fue acogida con alivio por una parte de la sociedad argentina y vista como ineluctable incluso por parte de la prensa democrática (Le Monde-Washington Post)”, señalan los magistrados.
También narra cómo, ante la división del mundo en dos bloques, Estados Unidos estableció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, “una especie de OTAN que preveía la obligación de la intervención en todos los países si uno era atacado”.
Según los jueces, “era evidente” que la única nación que podía encontrarse en tal situación era Estados Unidos.
“PELIGRO INTERNO”. Sin embargo, los países sudamericanos interpretaron el peligro de ataque como “un peligro interno”.
Los jueces recogen el testimonio de Julio Urien, compañero de curso del condenado Astiz, quien explica cómo en los años 1970 cambia la instrucción militar y en lugar de enseñar a combatir los enemigos se enseña a reprimir al pueblo.
La narración también revela cómo Italia se desentendió de la dictadura argentina, sin permitir “un sólo refugiado político en su embajada” y cómo la Iglesia Católica guardó silencio.
“Graves fueron también las decisiones del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica argentina”, señala el texto.
Los magistrados recogen la experiencia de Ángela Boitano, testigo en el juicio y “ferviente católica”, que se entrevistó en México con el nuncio en Buenos Aires, Pío Laghi, en 1979, tres años después de la desaparición de sus hijos.
“La respuesta del prelado, además de mostrar que el Vaticano sabía bien lo que sucedía, fue de una crudeza tal, según la testigo, que quizá los militares habrían tenido palabras más piadosas si se hubieran encontrado frente a una madre”, se lee en la sentencia.
El nuncio le dijo que “tres años era un periodo muy largo y si sus hijos habían sido muy torturados, ciertamente los militares no los liberarían”.
Después se dirigió a Roma con otras madres para ver al papa Juan Pablo II, que no las recibió, aunque tras varias acciones, incluida una huelga de hambre, logró que en octubre de 1979 el Pontífice declarase “estar cercano” a su dolor.
En cuanto a la jerarquía eclesial argentina, los jueces señalan que de los ochenta obispos de la Conferencia Episcopal, sólo cuatro, “uno de ellos muerto en un extraño accidente de carretera”, se expresaron contra la dictadura.
La sentencia continúa con la descripción de las torturas y las declaraciones de testigos que inculpan a los condenados hasta completar un relato judicial que el abogado de la acusación Jorge Ithurburu quiere traducir y publicar, según dijo a EFE, “por su alto contenido pedagógico”.
La dictadura dejó más de 30.000 desaparecidos
Entre los años 1976 a 1983, durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional de Argentina, el gobierno formado por la junta militar aplicó la mano dura, imponiendo la persecución política, el secuestro y el asesinato de manera secreta de personas, en el marco de lo que se conoce como la Guerra Sucia.
Esas prácticas eran comunes a todas las dictaduras de América Latina, en el marco de la “Operación Cóndor” en Sudamérica. En Argentina, las organizaciones defensoras de los derechos humanos calculan que 30.000 personas habrían perdido la vida durante los 7 años de gobiernos castrenses.
La táctica militar de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de ''desconocimiento’’.
Por esa razón, saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad, se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.
La desaparición de personas como método represivo fue introducida en la Argentina por la escuela militar francesa, transmitiendo las tácticas militares que habían utilizado y perfeccionado durante la guerra de independencia de Argelia. A partir de la década del 60 se generalizó a través de la Escuela de las Américas.