La Corte no recibió al juez español Baltasar Garzón, famoso por su defensa de los derechos humanos.
Es posible que la Corte haya querido evitar preguntas que no podía eludir sin contestar sin deslucir su imagen.
Según informes, Garzón habló con agentes fiscales, quienes le prometieron novedades en el caso Curuguaty. Viendo cómo comenzó y cómo se manejó el caso, podemos temer aquello de no news is good news (ninguna novedad es buena).
Haciendo memoria, el 15 de junio de 2012 murieron diecisiete personas en Marina Cué (jurisdicción de Curuguaty).
Hasta el día de hoy, nadie fue procesado por homicidio, sino por delitos menores, como el de tentativa de homicidio.
La lógica y el derecho dicen: donde hay hecho consumado, no hay tentativa. Dice también que lo accesorio sigue a lo principal.
La exposición de motivos del anteproyecto de Código de Procedimientos Penales dice: un expediente judicial tiene “la obligación de explicar cómo se llegó a la decisión”.
¿Cómo llegó la Fiscalía a la decisión de procesar a varias personas por tentativa de homicidio en Marina Cué?
Respuesta (procesal): encontró los nombres de esas personas en un cuaderno.
¿Dónde está el cuaderno?
No hemos podido verlo, porque (supuestamente) se mojó al cruzar un caudaloso arroyo en el lugar del hecho, y los nombres ya no resultan legibles. ¿Dónde está el arroyo? Nadie lo ha visto, ni siquiera los vecinos del lugar.
Esto parece un libreto del programa televisivo de Tinelli.
Entre las armas utilizadas por los imputados, la Fiscalía presentó un rifle de aire comprimido y varias escopetas de calibres menores y en mal estado; solo una de ellas presentaba signos de haber sido disparada.
No se probó que ninguna de las armas perteneciera a ninguno de los imputados; ninguno de ellos tuvo resultado positivo en las pruebas de nitratos y nitritos (señal de que alguien ha disparado un arma de fuego).
Además de tentativa de homicidio, la Fiscalía imputó por ocupación de inmueble ajeno.
El fiscal de la causa dice que el inmueble pertenece a la empresa Campos Morombí, de la familia Riquelme, muy amiga del fiscal.
El Indert dice, por su parte, que pertenece al Estado; de hecho, las autoridades del Indert aconsejaron al grupo de personas (a los campesinos perseguidos) que ocuparan ese inmueble y pidieran al Estado su transferencia, dentro de los principios constitucionales que consagran la reforma agraria.
Funcionarios destacados del Congreso y del Ejecutivo han insistido en que el inmueble es del Estado, y todo parece confirmarlo, excepto el estado confuso del catastro rural.
Lo más fácil hubiera sido exhibir el título, que no se ha hecho, pese a todos los pedidos de la defensa.
¿No es esto un perfecto escándalo?
Podrían agregarse otras arbitrariedades más, como la parcialidad manifiesta de varios funcionarios inmersos en la causa, la brutalidad policial o la desaparición de pruebas entregadas a la Fiscalía (las cápsulas de balas de alta velocidad recogidas en el lugar del hecho; aunque el fiscal lo negó, alguien lo filmó y puso en internet).
Este es un caso escandaloso, sobre el cual la Corte prefiere guardar silencio.