Algunos de ellos estuvieron involucrados en hechos bochornosos, que hasta fueron judicializados y los obligaron a dimitir de sus funciones.
Los escándalos estuvieron a la orden del día y los protagonistas hicieron notar aún más el poco o nulo control a la hora de establecer contrataciones de personas idóneas en el Parlamento.
El caso más reciente involucra a Alexis Benítez Duarte, funcionario del Congreso, detenido, ayer, por la mañana, tras un control policial. El hombre conducía una camioneta en estado de ebriedad en la localidad de Melgarejo, Departamento de Guairá.
De acuerdo con la versión de los intervinientes, Benítez circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux Surf sin portar el registro de conducir.
Al ser abordado, el hombre se mostró prepotente con las autoridades, jactándose de su condición de funcionario público.
Además, se habría negado a someterse a la prueba del alcotest, increpando a los uniformados y presumiendo de sus contactos. Incluso habría nombrado al senador cartista Silvio Beto Ovelar como uno de sus padrinos políticos para intimidar a los policías.
A pesar de la resistencia, finalmente le incautaron el vehículo, en cuyo interior tenía varias latas de cerveza.
El hecho fue comunicado al Ministerio Público y el hombre fue derivado a la Comisaría 5 ª del barrio Ybaroty de Villarrica, donde quedó recluido.
ESTAFA. Semanas atrás, William Roberto Bogarín, director del Congreso Nacional, fue destituido por disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, luego de que haya sido detenido en el marco de una investigación en un caso de estafa a colonos en San Pedro.
La Fiscalía y el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional de San Pedro desplegaron un operativo en Santa Rosa del Aguaray, tras presumirse que abogados, jueces y funcionarios del Congreso Nacional estarían involucrados en un esquema de estafa a colonos en esa ciudad.
Como parte del procedimiento, Bogarín, quien ingresó a la Cámara Baja en el año 2000, fue detenido. Posteriormente, fue imputado por los delitos de estafa, asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. El juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, decretó la prisión preventiva para el ex funcionario de la Cámara Baja.
LESIÓN DE CONFIANZA. Otro de los casos más sonados, y que generó una ola de indignación ciudadana, involucró a Anadelia Acosta Armoa, también funcionaria de Diputados, quien terminó renunciando al cargo.
La ex funcionaria fue imputada junto a otras cuatro personas por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza.
Fueron sindicados de montar un esquema para desviar las indemnizaciones de la ANDE destinadas a familias humildes. Presuntamente, se apropiaron de G. 725 millones de la indemnización de G. 800 millones.
Acosta Armoa fue nombrada en el periodo de Pedro Alliana, cuando era presidente de la Cámara, y ostentaba una vida de lujo en redes sociales.
