César David Legal, jefe del Departamento de Préstamos; y José Walberto Gaona, oficial técnico, quien emitía informes para aprobar los préstamos, habrían causado un perjuicio de G. 1.350 millones.
Según la acusación del fiscal Luis Piñánez, tras una denuncia del BNF se determinó que 72 personas fueron beneficiadas con préstamos agropecuarios, supuestamente violando normativas internas del banco, porque no cumplían los requisitos para recibir créditos.
Se presume que los funcionarios convencían a las personas de los asentamientos para que solicitaran los créditos.
Después supuestamente falseaban los datos para hacer figurar que todo estaba correcto y de acuerdo con las especificaciones; estos préstamos eran aprobados, pero ellos se quedaban con un monto elevado y a los solicitantes les daban solo un porcentaje menor.
Esta es la segunda vez que se iniciará el juicio (luego de que pasaran los 10 días para continuar la primera vez).
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