Hasta el último momento, se especulaba con que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, iba a vetar la ley aprobada la semana pasada en el Congreso, que destina los recursos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de aproximadamente 150 millones de dólares, en su componente responsabilidad socioambiental y otros fondos sociales, para la lucha contra el Covid en los hospitales y centros sanitarios.
En su primer artículo, la ley establece que los recursos sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia de Covid-19.
El hecho marca un avance histórico en transparentar la caja negra de los políticos, que desde hace décadas se viene utilizando como una irregular manera de financiar las campañas electorales de los políticos del Partido Colorado, volcándola esta vez a un bien social, respondiendo a la grave crisis sanitaria.
Desde el Poder Ejecutivo hubo una serie de maniobras para argumentar que no era factible la promulgación desde la parte legal, hasta advertir que varios proyectos en marcha apeligran, como las becas universitarias, la ayuda brindada a la fundación Tesãi y programas productivos para los campesinos.
Sin embargo, la fuerte presión ejercida por la ciudadanía tuvo un efecto decisivo, tanto para que algunos diputados colorados, los mismos que en una sesión anterior habían rechazado un primer proyecto de ley, luego cambien de opinión y permitan su aprobación, como para su promulgación por parte de la presidencia.
En la jornada del lunes, las etiquetas #MaritoDeLaMuerte y #MaritoGenocida fueron tendencias en Twitter, con un fuerte reclamo popular para que el presidente no vete la ley, en una cruzada que finalmente se impuso.
Aunque los directores de las binacionales, Manuel María Cáceres (Itaipú) y Nicanor Duarte Frutos (Yacyretá), advirtieron sobre el riesgo que correrían varios programas en curso financiados por los fondos socioambientales, tendrán que cumplir la ley. Abriendo el paraguas, indicaron que gran parte del dinero ya fue comprometido a algunos proyectos y solo quedaba una mínima parte, es importante avanzar en la iniciativa y dejar un valioso precedente. En Itaipú sostienen que solamente queda un saldo de USD 2 millones y otros USD 30 millones reorientados de la licitación suspendida para la obra del puente en Carmelo Peralta. En tanto, en Yacyretá afirman que ya ejecutaron un 30% de los recursos, y que desde ahora hasta diciembre podrán disponer de USD 1.500.000 hasta USD 2 millones mensualmente para invertir en el sector de salud.
Ahora el Poder Ejecutivo debe reglamentar la disposición con urgencia, sin que existan más trampas ni excusas, para que se pueda aplicar cuanto antes, ayudando a salvar más vidas, sin que exista más escasez de medicamentos en los hospitales y permitiendo aumentar la ya colapsada infraestructura sanitaria. Además, hay que hacer otra campaña para que estos fondos queden para la salud de manera permanente.