28 mar. 2024

Fonacide: Oportunidad perdida con posibilidades de reparación

La próxima renegociación del Tratado de Itaipú no solo nos permitirá resarcir el daño producido por un acuerdo desventajoso para Paraguay, sino también modificar la política interna sobre los objetivos del mismo. Hay varios escenarios posibles en la negociación. Todos tienen ventajas y desventajas. Lo que no debería ocurrir es mantener las cosas como están y continuar desperdiciando recursos y alimentando la corrupción y el clientelismo en un contexto institucional caracterizado por la opacidad y la impunidad, como es el caso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) en manos de las gobernaciones y los distintos gobiernos municipales del país.

Desde el año 2012, el Paraguay recibió alrededor de 240 millones de dólares del Fonacide, según datos del Ministerio de Hacienda. En el periodo 2012-2019 son más de USD 2.300 millones. Hay que agregar royalties y compensaciones recibidos durante este mismo periodo, provenientes de la negociación original.

El Fonacide fue creado a partir de un acuerdo logrado entre Paraguay y Brasil por los ex presidentes Fernando Lugo y Lula Da Silva. Parte importante de estos recursos fueron utilizados por el Gobierno Central, mientras que otra parte, por municipios y gobernaciones. Los primeros están relativamente controlados, son transparentes y son monitoreados por la ciudadanía. La mayoría de los programas financiados con este fondo están sujetos a evaluaciones y en todos los casos se cuentan con resultados cuantificados en indicadores.

Los segundos –transferidos a municipalidades y gobernaciones–, en cambio, son opacos y, si bien no existen evaluaciones, informes de la Contraloría y otros reportes, dan cuenta de su uso inadecuado y por fuera del marco legal. Es decir, además de un uso ineficiente, están manchados con corrupción. La Ley Orgánica Municipal, al sacar a los municipios del circuito de administración financiera con que cuenta el Gobierno Central, eliminó cualquier posibilidad de auditoría social y encareció las funciones de control, fiscalización y evaluación.

Es una pena que ninguna de las instituciones con competencia en el tema fuera capaz de actuar de manera rápida en todos estos años para impedir el desperdicio de recursos frente a las necesidades que tiene el país. El sistema judicial, salvo contadas excepciones, dejó impunes todo tipo de delitos. Techos que se caen lastimando a niños y niñas, alimentación escolar sobrefacturada, negocios entre políticos y funcionarios, tráfico de influencias son solo algunos de los problemas conocidos. Varios fueron detectados por informes oficiales, otros por denuncias de la prensa o de la ciudadanía. En ningún caso hubo una reacción oportuna y pertinente por parte de los operadores de justicia.

El Ministerio de Hacienda en todos estos años se limitó a transferir y pedir informes, con lo cual contribuyó con su inacción. No hay evaluaciones de los fondos, ni hubo iniciativas consistentes y sustanciales de cambio en las normas para mejorar el marco institucional, por ejemplo, intentando incorporar a los municipios en el sistema de administración financiera. El Congreso tampoco hizo nada porque sus integrantes no tienen interés en ponerles obstáculos a sus colegas intendentes y concejales, por ser correligionarios y porque hay una especie de circuito en el que se van construyendo cadenas de favores y a ninguno le conviene tirar la primera piedra.

Alrededor de estos fondos se construyó una institucionalidad para robar al Estado en la que muchas instituciones, autoridades y funcionarios son responsables. Con la negociación que se llevará a cabo, esperemos que se subsane esta situación y los negociadores pongan en primer lugar los intereses de la gente y no de los políticos.

Continuar entregando recursos a los gobiernos municipales y departamentales sin cambios sustanciales en la institucionalidad solo significará más recursos sin resultados.

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