El fiscal Osmar Legal, uno de los encargados de la investigación, dijo este lunes que la hipótesis inicial de la es que la empresa Imedic SA introdujo insumos médicos al país y produjo documentos para dar una “apariencia legal” y comercializar las mercaderías.
“Los elementos iniciales fueron colectados y en esta arista la misma consiste en la eventual existencia de un esquema delictivo, con el fin de lograr el ingreso irregular de mercaderías que no contaban con registros correspondientes para su comercialización”, expresó el fiscal Legal en conferencia de prensa este lunes.
Asimismo, el representante del Ministerio Público indicó que se han colectado evidencias que prueban la directa participación del clan Ferreira en negociaciones, tanto de la importación como los precios fijados de cada equipo médico.
En ese sentido, refirió que cada conducta se describe en la investigación y se pueden corroborar con las pruebas que se han descubierto, informó la periodista Liz Acosta.
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Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera indicó que tras los allanamientos que se realizaron se constataron las irregularidades, principalmente con las camas que se debían proveer al Ministerio de Salud.
“Estamos en la construcción de la hipótesis y existe una complejidad porque nos encontramos con insumos que fueron importados de y estamos haciendo uso de todas las herramientas para solicitar la cooperación internacional y comprobar los insumos”, refirió.
El procedimiento contra el clan Ferreira continúa y la Fiscalía pidió prisión preventiva para todas las personas imputadas, ya que se presume que pueden obstruir la investigación.
Imputación
La Fiscalía Anicorrupción imputó a responsables de la empresa Imedic SA y miembros del clan Ferreira por los supuestos hechos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Los imputados fueron Justo Ferreira (propietario de Imedic SA), Patricia Ferreira (representante legal de Imedic SA), Carlos Gamarra (despachante de Aduanas), Lauri Pohl (agente de Transporte), Guillermo Molinas (administrador de Aduanas), Gustavo Acosta y Mario Olmedo.
Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia solicitaron, además, la prisión preventiva para todos los imputados, quienes fueron procesados tras la fallida compra de insumos médicos para Salud Pública para hacer frente al en abril pasado.