Áñez, abogada, política y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la ex diputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
La imputación formal de la Fiscalía precisa que Áñez y sus dos ministros deben ser detenidos de manera preventiva por seis meses, mientras prosigue la investigación.
El documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del ex presidente izquierdista Evo Morales, que luego de 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato. En la demanda figuran cinco ex ministros de Áñez, y jefes policiales y militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.
GARANTÍAS JUDICIALES La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dijo en Twitter que urge al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos”, según un comunicado de su portavoz.
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”. Los obispos dijeron que no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia”.
La oposición de derecha y centro niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019. Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales, debido a los señalamientos de un supuesto fraude. Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.
Áñez asumió la presidencia tras la dimisión de Morales.
UE, preocupada por la situación
La Unión Europea (UE) sigue “de cerca” los acontecimientos “preocupantes” en Bolivia.
“En los últimos días se han dictado órdenes de aprehensión en Bolivia contra la ex presidenta Áñez, ministros de su gobierno interino y otras ex autoridades. Como resultado, la ex presidenta y dos de sus ministros ya fueron detenidos. Estos son acontecimientos preocupantes que seguimos de cerca”, declaró el domingo una portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).
“Los desafíos actuales requieren unidad y objetivos comunes”, añadió la portavoz, por lo que señaló que la UE espera que las diferencias políticas se resuelvan “mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos”.
La UE “seguirá apoyando a Bolivia en este esfuerzo”, concluyó la portavoz.
Bolivia ha pasado por un período extremadamente convulso desde las elecciones de octubre de 2019, cuyos resultados fueron puestos en entredicho por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE
La Fiscalía imputa a Jeanine Áñez, ex presidenta interina de Bolivia, por un supuesto golpe de Estado contra el ex mandatario del país Evo Morales. Organismos de DDHH piden garantías.