El intendente de Fuerte Olimpo, Sergio Cuéllar, de Honor Colorado, y tres de sus colaboradores fueron imputados por daño patrimonial de G. 416.594.529, por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de Victoria Acuña, en el marco de la investigación sobre lesión de confianza y malversación que pesa contra el jefe comunal.
La fiscala afirmó la existencia de elementos suficientes sobre hechos punibles contra el patrimonio en contra de Cuéllar; el administrador Julio César Vera y los supuestos fiscalizadores de obras Miguel Santos Barros y Virgilio Ocampo.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 15 de noviembre de 2018 por la Secretaría Nacional Anticorrupción, que refirió que se corroboraron una serie de irregularidades en la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, con recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo, destinados a mejoras educativas.
Dos de los implicados, que figuran como fiscalizadores obras, están además en nómina de los funcionarios del municipio.
Refiere la imputación fiscal que todos los contratos con obras inconclusas, que fueron constatados por la Contraloría General y el Ministerio Público, ocasionaron un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G. 416.594.529, que la Municipalidad ha erogado en concepto de bienes y servicios no recibidos.
Entre las acusaciones que pesan contra Cuéllar figura la firma de contratos para la provisión y prestación de servicios así como también las órdenes de pago por obras no realizadas. Vera fue quien autorizó el pago a las supuestas empresas contratadas, donde funcionarios municipales hacían de fiscalizadores.
El jefe comunal lleva adelante su segundo periodo de gobierno al frente de la administración en la localidad chaqueña; y las supuestas irregularidades fueron denunciadas por cinco concejales opositores, que son Anselmo González, Leonardo Lezcano, Felipe Franco, Nélida Torres y Lilian Coronel, a algunos incluso no se les pagaron dietas por casi dos años, según consta en la denuncia de los ediles.
La Fiscalía solicitó la medida alternativa a la prisión para todos los imputados por lesión de confianza.
